David Lovatón
Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

Ciertamente preocupa sobremanera la denuncia hecha esta semana por el Ministro del Interior, Fernando Barrios, que 1,084 policías que fueron separados de la institución por actos de indisciplina, corrupción y hasta delitos, hayan retornado gracias a procesos judiciales que se presumen irregulares, al punto que el Ministro ha elevado su queja al Presidente del Poder Judicial y éste, a su vez, ha corrido traslado de la misma al Jefe de la OCMA, Javier Enrique Mendoza, quien ha anunciado que investigará a los magistrados que participaron en estos procesos.

Aunque a la hora nona de este Gobierno, siempre es bienvenida toda medida gubernamental dirigida a combatir la corrupción en la Policía Nacional y en el Poder Judicial; nadie en su sano juicio puede defender a malos oficiales y sub-oficiales policiales. En todo caso, lo que puede criticarse al presente Gobierno es no haberlo hecho mucho antes.

Sin embargo, hay algunas precisiones que hacerle al Ministro Barrios. En primer lugar, que no todos los 1,084 efectivos policiales fueron reincorporados este año 2010, sino que esa cifra abarca años anteriores. En segundo lugar, que son 934 sub-oficiales y 150 oficiales, es decir, que la mayoría son subalternos.

En tercer lugar, que 1,005 efectivos policiales que han sido reincorporados judicialmente, habían sido separados por alguna medida disciplinaria (abandono de destino, sanciones graves, delitos comunes como narcotráfico, robo, peculado o extorsión) pero 79 fueron separados no por medida disciplinaria sino por “renovación de servicio” e invitados al retiro. Por ende, si bien la gran mayoría de efectivos policiales reincorporados y denunciados por el Ministro, se puede presumir que son malos elementos por haber sido dados de baja por medida disciplinaria, hay otro grupo –aunque minoritario- de 79 efectivos que no deberían ser puestos en ese mismo saco de la corrupción.

En cuarto lugar, el Ministro ha responsabilizado enteramente al Poder Judicial por estas reincorporaciones. No negamos que en muchos casos pueda haber habido irregularidades o corrupción, pero ¿qué responsabilidad le toca a la Inspectoría General de la Policía y a la Procuraduría del Ministerio del Interior en todo este problema? Las investigaciones de posibles irregularidades también debe comprender lo que hicieron y, sobre todo, dejaron de hacer los funcionarios de dichas oficinas dependientes del Ministerio, para defender los intereses del Estado y de la Policía Nacional frente a estas demandas judiciales.

En los próximos días daremos a conocer más precisiones sobre esta denuncia que, todos queremos, sea debidamente investigada y esclarecida.