Enrique Arias
Nancy Mejía
Instituto de Defensa Legal (IDL – SC)

La huelga convocada por Fenamarpe, que agrupa a mineros informales, tuvo como resultado cerca de 80 heridos y 6 muertos. Nuevamente fue necesario para poder llegar al diálogo bloquear carreteras, crear zozobra en la población, generar millonarias pérdidas económicas e imponer la violencia como forma de actuación. Asimismo, desnudó la falta de capacidad del gobierno, una vez más, para controlar el orden público; igual como pasó en el mercado modelo dePiura y el desalojo en Motupe (en lo que va del año ya se han producido más de una decena de muertos). ¿Es necesario que se produzcan muertes para poder llegar al diálogo? El Instituto de Defensa Legal lamenta profundamente las decenas de heridos y los cinco fallecidos como consecuencia del enfrentamiento.

En los sucesos en Chala, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, se demostró una vez más, que los responsables de que se respete el orden público, los policías, no son eficientes. No solo para prevenir los conflictos y ser proactivos al respecto, labor de la dirección de inteligencia policial, sino; por la debilidad para controlar las manifestaciones violentas. La policía nacional no está para analizar las causas del conflicto, que en su mayoría responden al ámbito político, sino para controlar y desactivar las manifestaciones que alteren la tranquilidad y el orden establecido.

El punto anterior es muy importante resaltarlo, porque ante la pregunta al ministro Octavio Salazar si renunciaría por lo acontecido en Chala, este respondió que se deberían analizar las causas del conflicto donde hay “intereses políticos”, ¿esa es la labor de la policía? Según mandato constitucional la Policía Nacional “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno”. En este caso específico, debía desalojar el kilómetro 600 de la Panamericana Sur, que fue bloqueada por los manifestantes y donde se produjeron los enfrentamientos; asimismo, controlar disturbios que pudieran darse en las ciudades.

Como ya lo hemos mencionado, este gobierno ha demostrado su ineficiencia y falta de capacidad para controlar los conflictos sociales; dejándonos como saldo negativo de su gestión un mayor desprestigio policial. Una de las razones de esta ineficiencia, es la falta preparación instrumental por parte de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales (DINOES). Su capacidad logística para controlar los conflictos sociales es una debilidad que se ha acrecentado en este gobierno.

Para controlar el paro minero se decretó estado de emergencia en siete provincias: Palpa, San Juan de Marcona, Tambotapa, Manu, Caravelí y Camaná; y se enviaron miles de efectivos policiales para poder controlar a los manifestantes. Sin embargo, nuevamente olvidaron la falta de preparación, la importancia de la logística y el equipamiento; no solo es fundamental estar en el lugar en forma disuasiva sino también tener la capacidad operativa para actuar durante el conflicto. Cerca de 1200 efectivos policiales llegaron a la provincia de Chala, pertenecientes a la DIROES, y 500 de ellos se quedaron en el colegio Jose Olaya. Según fuentes policiales el recinto estudiantil había planificado recibir unos 200 efectivos, sin embargo, el número se duplicó ampliamente. Del mismo modo, dicho recinto solo tenía agua 15 minutos al día, no tenían alimentos y disponían de precarias y escasas colchonetas para pernoctar; ¿pueden unos efectivos policiales, mal comidos y sin las condiciones necesarias, repeler acciones violentas durante horas y controlar manifestantes exacerbados?

Asimismo, según un reportaje propalado por América Televisión, un grupo de agentes policiales, que no se hospedaron en el Colegio José Olaya, durmieron en el suelo sobre cartones y maderas en una construcción abandonada a pocos metros de los piquetes de mineros. Según las imágenes y reclamos de los efectivos policiales, el lugar donde pernoctaron les ofrecía pésimas condiciones, que afectan no solo su capacidad física para el momento de los enfrentamientos, sino que mellan la moral y la preparación psicológica para hacer frente a este tipo de situaciones. Según los efectivos en el lugar, se sentían abandonados por su comando, tanto por Miguel Hidalgo, Director General de la Policía, como por Octavio Salazar, Ministro del Interior. No tenían que comer pues no les brindaron viáticos ni rancho. Incluso, algunos llegaron a afirmar que estaban en peores condiciones que los presos en el Penal de Lurigancho; y que esta protesta minera era una “excusa” para evitar la huelga policial.

Del mismo modo, según fuentes policiales en el lugar, los policías no recibieron desayuno ni almuerzo, tuvieron que esperar el apoyo de empresarios y del gobierno local para poder alimentarse; la falta de planificación fue evidente. Asimismo, los efectivos policiales tuvieron que hacer frente a manifestantes que se encontraban armados, teniendo como resultado 8 heridos de bala de la policía (¿los atenderán debidamente o los abandonarán como en casos anteriores?); del mismo modo, la mayoría de efectivos enviados al lugar eran novatos y muy jóvenes, es decir, sin experiencia para actuar en estos casos. ¿Cómo combatir en esas condiciones?

Reiteramos que nada justifica que el control del orden público tenga como resultado, cada vez más frecuente, fallecidos. A todo esto se suma el fracaso de todos los Ministros del Interior del segundo gobierno aprista para reformar la Policía. Es necesario un escuadrón policial entrenado, capacitado y de élite para actuar en este tipo de situaciones. Debe haber escuadrones policiales capaces de combatir y controlar a los manifestantes más avezados, gracias a su preparación psicológica, física e instrumental, y, por un aspecto importantísimo que se ha olvidado: su experiencia. El control del orden público se debe producir sin consecuencias fatídicas, evitando el uso de armas letales contra la población.

En este contexto, en el que el descontento policial está en aumento, necesitamos tener equipos policiales capaces de controlar los reclamos a veces violentos de los ciudadanos, que mitiguen y calmen la tensión social; no que exacerben la violencia con muertes absolutamente innecesarias y evitables.