Aldo Blume
Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

El pasado martes 05 de octubre el flamante Presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang Escobedo, se presentó junto a los otros miembros del gabinete ante el Pleno del Congreso de la República, a fin de exponer las líneas centrales de su gestión y obtener el voto de confianza del Parlamento, de acuerdo a lo señalado en el artículo 130º de la Constitución. Dentro de las nuevas medidas gubernamentales anunciadas, cabe destacar la introducción de todo un conjunto de ellas en materia de seguridad ciudadana.

En primer lugar, se ha dispuesto la realización de mayores esfuerzos de coordinación entre todas las instituciones involucradas en la lucha por la seguridad ciudadana, especialmente a lo que respecta entre la vinculación entre los alcaldes distritales y los comisarios, para lo cual se ha convocado a una reunión de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana virtualmente electos y a los comisarios de las localidades con el Presidente de la República, la cual se ha programado para el día jueves 07 de octubre. Se ha manifestado que el liderazgo político en esta materia corresponderá al alcalde y el operacional, al comisario. Consideramos que esta es una medida positiva en tanto que para lograr el éxito en la lucha por la seguridad ciudadana, las instituciones del Estado involucradas en la materia, los Gobiernos Locales y la Policía Nacional, deben actuar de manera coordinada e integrada. No obstante, creemos que en este esfuerzo de coordinación la participación vecinal organizada también debe ser tomada en cuenta por cuanto por su experiencia cotidiana pueden aportar información valiosa para enfrentar a la delincuencia, conformando el “trípode de la seguridad” conjuntamente con la Policía Nacional y con los Gobiernos Locales.

También cabe destacar la propuesta de modificación de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, Ley Nº 27933, para que la participación de los titulares de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana sea obligatoria. Esta constituye una medida valiosa en tanto contribuye a fortalecer los canales institucionales ya establecidos por la ley para la actuación coordinada e integrada del Estado en materia de seguridad ciudadana.

En segundo lugar, se ha anunciado el incremento de la presencia policial en las calles a través de 8,400 nuevos efectivos y la ejecución del Plan de Patrullaje Integrado de Seguridad Ciudadana. Consideramos que, en principio, estas medidas constituyen un avance en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, como ya lo hemos señalado en anterior oportunidad , la mejora del patrullaje policial de las calles no solamente requiere de mayores efectivos sino que los mismos se encuentren adecuadamente entrenados y capacitados para desarrollar tal función.

En tercer lugar, se ha dispuesto la modernización del sistema de comunicaciones de la Policía Nacional a través de un sistema troncalizado, el cual permitirá la integración con las municipalidades, las Fuerzas Armadas, los bomberos y los centros de salud. En ese sentido, se ha manifestado que se renovará la Central de Emergencias 105 y el sistema de video vigilancia, para lo cual se invertirán 17 millones de nuevos soles. Esta es una medida que ya habíamos venido recomendando y que saludamos pues la integración de los actores involucrados en la lucha por la seguridad ciudadana requiere de un adecuado sistema de comunicación para ser realmente efectiva.

Cabe destacar, asimismo, el anuncio sobre la implementación del observatorio de la violencia y la criminalidad. Estas es una medida sumamente importante pues para la elaboración de una eficiente política pública en materia de seguridad ciudadana se requiere de un diagnóstico detallado sobre las características y la extensión del problema. Una buena política pública en seguridad ciudadana debe ser integral, abarcando tanto el aspecto represivo como el aspecto preventivo en la lucha contra la delincuencia.

El Instituto de Defensa Legal considera que el conjunto de medidas en seguridad ciudadana anunciado por el Gobierno constituye un avance en esta materia y ojalá se materialicen y no queden en el anuncio. Sin embargo, también tiene la convicción de que tales medidas no son suficientes ni constituyen la solución definitiva al problema. En ese sentido, la dación de estas medidas no implica que el actual gobierno haya salvado con ello su responsabilidad en el aumento de los niveles de inseguridad ciudadana en los últimos cuatro años, conforme se ha demostrado en el “Informe Anual sobre Seguridad Ciudadana 2010”, elaborado por el IDL, ni mucho menos ha demostrado voluntad o legitimidad para llevar a cabo reformas de fondo en esta materia, tales como la reforma integral de la institución policial, en lo que respecta especialmente al pernicioso régimen laboral que actualmente ostenta (régimen 1 x 1) y a la lucha contra la corrupción al interior de la institución.

Ésta última debe materializarse en medidas concretas, tales como la reactivación de la Oficina de Asuntos Internos y la promoción de la meritocracia en la carrera policial, para lo cual se debería empezar por reinstaurar al General PNP Arteta en la dirección de la III DIRTEPOL, de la cual fue cesado arbitrariamente en base a intereses políticos, conforme fue denunciado en su oportunidad tanto por IDL-SC como por IDL-Reporteros , a pesar de que dicho general venía implementando de manera exitosa un novedoso proyecto en materia de seguridad ciudadana, el cual había recibido el respaldo mayoritario de la población trujillana.