Enrique Arias Aróstegui
Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

Luego de que el Presidente Alan García reconociera durante su último mensaje presidencial que uno de los temas negativos de su gestión ha sido la seguridad ciudadana, diversos estamentos del Estado han empezado a desplegar iniciativas para combatir los problemas de inseguridad. El Congreso legisló para hacer leyes más estrictas frente a la delincuencia; el Ministro del Interior, Octavio Salazar, ordenó que los policías que realizaban labores administrativas salgan a patrullar las calles, sin tomar en cuenta la edad o la capacitación de los mismos; y ahora el mismo Salazar señala que los vigilantes privados apoyarán en labores de seguridad ciudadana. Sin embargo, creemos que estas iniciativas evidencian, una vez más, la falta de planificación del gobierno en pos de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

El lunes pasado, 30 de agosto, Día de la Policía Nacional del Perú, el Ministro del Interior señaló que los más de 120 mil vigilantes privados que existen en el país podrán hacer uso de sus armas de fuego frente a las acciones de los delincuentes1. Cabe recordar que, con la expedición del Decreto Supremo Nº 002-2010-IN, muchos policías que servían de vigilantes de empresas privadas y/o públicas saldrán a las calles para realizar patrullaje disuasivo frente a la delincuencia. Por esta razón, las empresas que se verán afectadas tendrán que contratar vigilantes privados.

Asimismo, este anuncio en el marco de la reglamentación de la Ley Nº 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada, luego de 4 años de promulgada la ley. Según el Ministro Salazar, mediante la publicación del reglamento de la ley mencionada, los vigilantes privados podrán hacer uso de sus armas de fuego y disparar cuando la situación lo amerite. Al respecto surge una pregunta de sentido común: ¿Si los vigilantes privados que desde siempre portan armas no pueden disparar, entonces, para qué portan armas?

Ministro del Interior, Octavio Salazar Miranda

Según la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (DISCAMEC), órgano perteneciente al MININTER, que es la dirección encargada de proponer y aplicar los lineamientos relativos al control de servicios de seguridad privada, que expide, amplía, renueva y cancela licencias de funcionamiento y que establece los requisitos (formación, capacitación y reentrenamiento) para la contratación de personal de seguridad2, en nuestro país existen, hasta el 05 de agosto del presente año, 1,569 empresas de servicio de seguridad privada operativas.

Entonces tenemos más de 120 mil vigilantes privados y más de 1500 empresas de seguridad, ¿cómo hará el gobierno para que estas empresas colaboren para reducir los problemas de inseguridad ciudadana?

En primer lugar, creemos importante señalar la importancia de la seguridad privada para la seguridad ciudadana. En nuestro país hay un aumento de los problemas de inseguridad ciudadana en los últimos años. Este aumento va de la mano con una mayor demanda de los ciudadanos y, obviamente, de las empresas por mayor seguridad.

Durante la época de violencia interna, la mayor parte del personal policial se dedicó a combatir las acciones perpetradas por los grupos terroristas. Es en ese contexto que surge el cuerpo de serenazgo y también se incrementan las empresas de seguridad privada. Asimismo, el crecimiento económico de la presente década ha generado mayor rentabilidad de muchas empresas, desde las PYMES hasta las empresas transnacionales, lo que ha generado también una mayor demanda de seguridad. En este contexto, se expande y crece el mercado de la seguridad privada.

Empresas de Seguridad

Las empresas de seguridad privada surgen y se expanden en el contexto descrito anteriormente, imposibilidad del Estado para brindar seguridad y mayor demanda por parte de los ciudadanos, lo cual ocasiona que existan diversos tipos de estas empresas y que se diversifiquen también los servicios que éstas ofrecen.

Por un lado, existen empresas formales dedicadas a servicios de seguridad, que según la DISCAMEC suman en la actualidad 1,569. Dentro de las empresas formales podemos destacar algunas muy grandes y poderosas vinculadas a ex miembros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas, las cuales brindan diversos servicios de seguridad privada, como por ejemplo: servicios de guardias de seguridad, servicio de monitoreo de alarmas, transporte de valores y bienes, tecnología de seguridad, asesores en seguridad, capacitadores en seguridad, investigadores privados y escoltas/protección de ejecutivos o personas importantes, entre otras actividades.

De otro lado, existen empresas de seguridad más pequeñas, que son la mayoría en nuestro país, que ofrecen servicios menores como vigilantes privados, a los que coloquialmente conocemos como “guachimanes”, abocados a cuidar viviendas, pequeñas o medianas empresas o calles de un vecindario.

Del mismo modo, así como existen más de mil quinientas empresas formales que brindan servicios de seguridad privada, también existen empresas informales que se dedican a brindar servicios de seguridad. La informalidad, así como ocurre en diversos sectores de la economía nacional, también campea en el mercado de la seguridad privada.

Entonces tenemos que en la seguridad privada en nuestro país subsisten grandes empresas, empresas formales pequeñas que ofrecen servicios menores y específicos, y empresas informales. Todas estas empresas conforman el mercado de la seguridad privada.

Al respecto surgen diversos problemas porque muchas de estas empresas –sobre todo las formales pequeñas y las informales- contratan a personal con mínima experiencia en temas de seguridad. No invierten en capacitación para el personal y, en razón de escatimar gastos, se pagan bajos salarios a los trabajadores que laboran como vigilantes. Es por estas razones que nos permitimos poner en duda que “la” solución a los problemas de inseguridad va a venir de lado de la seguridad privada, la misma que tan sólo puede ser complementaria a una eficaz –pero ausente hoy en día- acción policial.

Capacitación de los vigilantes privados

Otro de los aspectos que debería cuidar mucho más el Ministro Salazar es el uso de armas de fuego por parte de los vigilantes privados. Existen empresas donde no se acostumbra que cada vigilante use un arma de fuego, sino que, por el tiempo y la característica del trabajo, se le asigna un arma por el tiempo que realice su labor para luego devolverla cuando termine su trabajo.

Por otro lado, el Ministro del Interior debe especificar a cargo de quién estará la capacitación de estos vigilantes privados ahora que se pretende que desarrollen labores complementarias de seguridad ciudadana, como lo ha mencionado. ¿Se encargará la DISCAMEC, a la cual por ley le corresponde dicha labor, de capacitar a los vigilantes privados? Si hasta la fecha subsisten diversas empresas de vigilancia informales ¿cómo hará la DISCAMEC para capacitar a más de 120 mil vigilantes privados formales y, a su vez, formalizar o denunciar a los vigilantes y las empresas informales?

En síntesis, lo que nos preocupa enormemente es que el Ministro Salazar pretenda ahora convertir en regla lo que debería ser siempre la excepción: los vigilantes privados, como regla general, no deberían portar ni hacer uso de armas de fuego, prerrogativa que, como regla general, debería ser privativa de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Un vigilante privado con un arma de fuego debería ser la excepción y desde el Estado no debería intentarse cambiar ello, pues una vigilancia privada con gran poder de fuego puede ser muy pero muy peligrosa –paradójicamente- para la seguridad de un país.

Aumento del mercado de armas de fuego en el Perú

En efecto, puede existir un riesgo de una mayor profesionalización por parte de los delincuentes. Si existen más vigilantes privados que usarán con mayor frecuencia sus armas de fuego, también pueden incrementarse los delincuentes que usen armas de fuego contra estos vigilantes armados.

Por ende, creemos que este anuncio bastante impreciso de Salazar no tiene como finalidad autorizar a los vigilantes privados a usar sus armas de fuego, ya que en la práctica están autorizados para hacerlo si se pone en riesgo su vida. Creemos que este anuncio lo que hace es invocar a los vigilantes a usar sus armas con mayor frecuencia.

Entonces, esto puede derivar en un problema mayor. Que los vigilantes privados usen, como regla general, sus armas de fuego. Pensemos, ¿si existen problemas por falta de entrenamiento dentro de la misma Policía Nacional en relación al uso de armas de fuego, no se generarán mayores problemas al permitir que vigilantes privados, que en muchos de los casos cuentan con menor preparación que los miembros de la Policía Nacional, usen sus armas con mayor frecuencia?

Otro de los aspectos que pensamos que no se ha tomado en cuenta es que dicha medida puede incrementar el mercado de armas de fuego en nuestro país. Hemos descrito en un anterior reportaje de IDL - SC3 que el mercado de armas de fuego en Perú aún es pequeño en comparación con otros países de la región como Venezuela, Colombia o México. Pero esta situación podría cambiar si prospera esta medida anunciada por el Ministro Salazar.

Si se incentiva que los vigilantes privados utilicen sus armas de fuego, ello generará que estos trabajadores tengan que adquirir armas para desarrollar sus labores y no perder su trabajo. Asimismo, los delincuentes tenderán a tener más armas de fuego para perpetrar sus actos y enfrentar a los vigilantes privados. Por último, al usar con mayor frecuencia los delincuentes armas de fuego, muchos ciudadanos tomarán en consideración armarse por motivos de seguridad. Todo lo cual podría ocasionar un peligroso incremento de la violencia al existir mayor cantidad de armas de fuego en el país.

Comunicación entre vigilantes privados y PNP

Otro de los aspectos que nos parece que debería aclarar el Ministro Salazar es cómo será la comunicación entre efectivos de la Policía Nacional, el Serenazgo y los agentes de seguridad privada. ¿Si hasta la fecha no se ha logrado una comunicación eficiente dentro de la misma Policía4, menos aún entre esta y el cuerpo de serenazgo, como se pretende incorporar a los vigilantes de la seguridad privada?

Al respecto, en un estudio de Ciudad Nuestra se muestran los problemas de comunicación dentro de la Policía Nacional5. Según dicha investigación, la comunicación entre los mismos efectivos de la Policía Nacional es complicada debido a que existen por lo menos seis diferentes tipos de radios, que incluyen el Smartnet, el Smartzone, el Tetra, el UHF y el VHF6. Del mismo modo, se señala que más grave que la variedad de sistemas es la incompatibilidad entre éstos porque las unidades policiales que utilizan unos no pueden comunicarse con las que utilizan los otros.

Por otro lado, según el mismo estudio, en Lima la situación se complica aún más por los equipos de comunicación del cuerpo de serenazgo, los cuales pueden ser compatibles en el distrito, pero no necesariamente lo son con la Central 105 y las unidades de emergencia. Esta incompatibilidad impide una adecuada cooperación entre el Serenazgo y la Policía, pues retrasa el auxilio policial y perjudica el éxito de las intervenciones, e incluso puede llegar a poner en riesgo la integridad física del personal a cargo de la intervención7.

Evidenciados los problemas de comunicación dentro de la Policía, del cuerpo de serenazgo con la Policía, nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo se hará viable la coordinación entre los efectivos de seguridad privada con la Policía Nacional y, a su vez, con los cuerpos de serenazgo?

Creemos que primero se deberían solucionar los problemas de comunicación entre los efectivos policiales, luego coordinar con los efectivos del serenazgos de cada distrito y, finalmente, con los miembros de seguridad privada. Esto evidencia, una vez más, la desorganización y la falta de planificación del actual régimen para enfrentar los problemas de inseguridad.

La privatización de la seguridad

Tenemos que recordar que existe una diferencia entre el servicio que brindan las empresas de seguridad privada y la seguridad pública. La seguridad privada se orienta a actuar en tiempos breves y se define en términos del interés de los demandantes (o contratantes del servicio); por el contrario, la seguridad pública se define según el interés de la sociedad entera y sus tareas son diversas, con objetivos más amplios y enfocados al largo plazo8.

Del mismo modo, la seguridad privada es inherentemente y casi exclusivamente preventiva. A diferencia de las fuerzas policiales –las cuales son responsables tanto de prevenir, como de controlar y sancionar la delincuencia– la seguridad privada existe en gran parte para evitar y alertar sobre los delitos contra la propiedad9.

Es por esta razón que algunos autores sustentan que la seguridad privada lo que hace es alejar la delincuencia hacia otros sectores en vez de anticipar que ocurra. Esto ocasiona que el aumento de la actividad privada exacerbe los niveles de desigualdad de seguridad entre ricos y pobres. En consecuencia, para no aumentar los ya dispares niveles de seguridad que reciben los ciudadanos en nuestro país, no debemos entender o pretender que la fuerzas privadas de seguridad sirvan como una fuerza policial paralela a la pública, sino como un complemento a la estatal10.

Por último debemos señalar que cuando se privatiza la seguridad, el Estado tiende a perder una de sus características básicas: ejercer el monopolio de la violencia. Del mismo modo, empodera como un nuevo y poderoso actor en temas de seguridad ciudadana (entendida como pública) a las empresas de seguridad privada, las cuales si bien ayudan a mitigar problemas de seguridad de los ciudadanos, son empresas privadas y por lo tanto tienen como finalidad buscar –legítimamente- beneficios económicos.

En conclusión, es lamentable que un Estado, al no poder hacer cumplir el derecho de los ciudadanos de sentirse seguros a través de la Policía Nacional, pretenda delegar esta función a empresas de seguridad privada, las cuáles proveerán de dicha seguridad solo a aquellas personas que puedan pagar sus servicios.

1. Ver: http://peru21.pe/noticia/631625/mas-120-mil-vigilantes-apoyaran-pnp

2. Ver: http://www.dicscamec.gob.pe/Quienes_somos_funciones.html

3. Ver: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2010/02-08/mercado_ilegal_armas_fuego.htm

4. Recordemos que uno de los principales problemas de lo acontecido en junio del año pasado en Bagua, donde ocurrió la mayor matanza de policías durante un operativo en su historia, fue la comunicación entre los efectivos policiales, los cuáles podía comunicarse con efectivos en Lima pero no con los destacamentos policiales cercanos.

5. BRICEÑO, Juan; COSTA, GINO y ROMERO, Carlos. "La Policía que Lima necesita". Ciudad Nuestra: Lima, 2008.

6. Ibíd. Pág. 64.

7. Ídem. Pág.65.

8. ABELSON, Adam. "Seguridad privada en Chile: Tema pendiente para el Ministerio de Seguridad Pública". FLACSO: Chile, agosto 2006, pág. 4.

9. Ídem.

10. Ídem.