Ahora se sabe que los jefes policiales que dirigieron el fatídico operativo de Bagua, tuvieron conocimiento de detallados informes de inteligencia sobre la volátil situación en la estación seis. Pero que no hicieron nada por reforzar a los policías de la estación, evacuarlos o salvarlos. Desde por lo menos un mes antes de la toma de la subestación petrolera seis durante el operativo policial de desalojo en la Curva del Diablo, el jefe de la Región Policial de Amazonas, coronel PNP Francisco Giraldo, recibió diariamente reportes sobre lo que ocurría en las instalaciones y alrededores de dicha estación, así como informes de apreciación de inteligencia.

El jefe policial de la subestación en ese entonces, el mayor PNP Wellington Gómez Medina, relevado el domingo 31 de mayo por el comandante PNP Miguel Montenegro, reportó cada doce horas, vía telefónica, sobre el incremento del número de nativos en la zona, así como el tipo y cantidad de armamento con el que contaban los indígenas.

Según indicaron fuentes de IDL-SC, en seis oportunidades el coronel Giraldo se comunicó con el mayor Gómez para recibir sus informes. En dichas comunicaciones, según pudo conocer IDL-SC, se hacía referencia a que “a inicios de mayo habían 300 nativos y conforme pasaron las semanas resultaron ser dos mil 500. Los nativos, la mayoría ex combatientes del Cenepa, tenían escopetas, dinamita y lanzas con punta de metal”.

Nativos rodean la subestación seis.

Hasta donde IDL-SC pudo conocer, uno de los reportes indicaba que en cualquier momento los nativos tomarían la subestación seis, y que de ser así no tendrían el apoyo de los ochenta soldados que permanecían en el cuartel del Ejército Mesones Muro, a cargo del comandante EP David García Cabreros, debido a que la mayoría era de la zona.

En ese sentido, el 12 de mayo, el mayor Gómez Medina envió una apreciación de inteligencia a la jefatura policial de Amazonas vía fax, desde la subestación petrolera. Esta daba cuenta que días antes un grupo de nativos intentó tomar la subestación, pero que desistieron debido a que los policías lograron disuadirlos. “Después de este suceso se pidió que se envíen refuerzos del Ejército”, indicó una fuente de IDL-SC.

En vista de que en cualquier momento podrían ser atacados, los policías que permanecían en la subestación idearon un plan de seguridad, que ensayaron todos los días. “Estaban preparados para lanzar gases lacrimógenos y utilizar las perdigoneras de ser el caso. Si con ello no se lograba repeler el ataque, estaban dispuestos a disparar con sus fusiles”, relató otra fuente.

Cabe señalar, además, que luego de ser relevado por el comandante Montenegro, el 31 de mayo, el mayor Gómez realizó otro informe donde señalaba todo lo antes expuesto en sus reportes orales y en el informe de apreciación de inteligencia de inicios de mes. Este también fue entregado a las oficinas pertinentes.

Luego de tres meses de investigación, la Inspectoría concluyó que los generales PNP Luis Muguruza (ex jefe de la Dinoes) y Javier Uribe (ex jefe de la Región Policial de Tarapoto) sí tuvieron conocimiento de los informes de Inteligencia, pero no los tomaron en cuenta al momento de realizar el operativo.

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General PNP Luis Muguruza, ex jefe de la Dinoes.

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El general PNP Javier Uribe es uno de los responsables del fallido operativo en Bagua, según el informe de Inspectoría.

Entre tanto, el Tribunal Administrativo Disciplinario, presidido por el general PNP Bernabé Garavito, devolvió ayer el informe al jefe de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría (Diriad), general PNP Mauro Medina, con algunas observaciones a fin de que se amplíe la investigación.

El general Medina ya ha tomado los descargos tanto de Uribe como de Muguruza. El coronel Giraldo lo hará mañana y Garavito podría ser el siguiente en rendir su manifestación. Fuentes de Inspectoría indicaron que el jefe del Tribunal podría ser comprendido en las investigaciones debido a que durante el operativo de desalojo en Bagua ejercía el cargo de jefe de la Direop.

De ser así, tendría que inhibirse en la investigación debido a que el tribunal que preside es la segunda instancia para resolver los casos que ve la Inspectoría.