Los deudos de los 24 policías asesinados en la Curva del Diablo y en la subestación seis se unieron no solo por el dolor de la pérdida sino para no sufrir los abusos burocráticos que, según enseña la experiencia de otros, victimizan aún en medio del duelo a los familiares de policías caídos cumpliendo su deber.

IDL asumió el patrocinio de los deudos luego que un grupo de ellos, encabezados por Flor Vásquez, viuda del comandante PNP Miguel Montenegro, pidiera la asesoría de este instituto. A la vez, los cambios en Córpac dieron lugar a un cambio de actitud tanto del nuevo ministro Octavio Salazar como del nuevo director general PNP, general Miguel Hidalgo. Cuando IDL pidió una audiencia para exponer los problemas de los familiares, esta fue prontamente concedida. El martes 21 de julio, el ministro Salazar y el general Hidalgo recibieron en el despacho de aquél a los deudos de los policías y representantes de IDL.

FOTO: IDL-SC

Reunión con los familiares en el despacho ministerial.

A pedido de los familiares, Antonio Salazar García, abogado del Instituto de Defensa Legal, planteó una agenda que además de contemplar las trabas burocráticas para realizar los trámites administrativos en las direcciones de Bienestar y Recursos Humanos de la PNP, incluía la atención psicológica inmediata a los policías sobrevivientes.

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Autoridades se comprometieron a solucionar demandas de los deudos.

El primer punto a tratar fue lo referente a las resoluciones ministeriales que hacían diferencia entre los policías asesinados en la estación seis y aquellos otros caídos en combate durante la intervención en la Curva del Diablo. Mientras que a los primeros se les consideraba como muertos en acto de servicio, a los segundos en acción de armas.

“Todos han muerto en el mismo lugar, corregiremos ese tema”, refirió Salazar, quien tres día antes ya se había reunido con todos los deudos en la Dirección de Bienestar de la PNP para informar sobre los avances en las gestiones del pago de sus beneficios.

Asimismo, los deudos solicitaron al titular del Interior que asuma el compromiso hecho por Cabanillas, quien pocos días después de lo ocurrido en Bagua anunció públicamente que los familiares que no contaban con una vivienda propia, tendrían acceso a un bono de 35 mil soles del programa Techo Propio, del ministerio de Vivienda, para que puedan comprar una casa. El saldo lo cubriría el Fovipol. Sin embargo, cuando los familiares iniciaron estas gestiones, los funcionarios del Fovipol les indicaron que solo otorgaban préstamos.

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Ministro Salazar con familiar de uno de los caídos en la Curva del Diablo.

Sobre este punto, Salazar indicó que se reunirá con “el equipo de la Dirección de Economía para buscar alguna alternativa a este tema”. “Haré todo lo posible, pero no les prometo nada”, añadió.

Otro de los problemas está relacionado al decreto de urgencia Nº 066-2009, emitido por Cabanillas, donde se autoriza la entrega de una compensación extraordinaria de 55 mil soles a los deudos de Bagua. Antes de este decreto, el seguro de vida de alrededor de 22 mil soles era entregado a los deudos en función a una carta declaratoria escrita por el policía. Este decreto la invalidó.

“Tenemos que respetar este decreto, pero evaluaremos caso por caso para llegar a una solución armónica”, sostuvo Salazar.

De otro lado, el abogado del IDL informó a Salazar y al general Hidalgo el deseo de los familiares de participar en “la comisión de la verdad” creada por el gobierno para investigar los hechos ocurridos durante el operativo de desalojo en la Curva del Diablo.

También solicitó atención psicológica y descanso médico para los sobrevivientes debido a que la gran mayoría aún tiene secuelas físicas, así como el reembolso de los gastos de traslado por cambio de colocación.

En ese sentido, el ministro indicó que todos tendrían sesenta días de descanso además de ser sometidos a un tratamiento psicológico. Hidalgo también anunció que “a fin de mes las unidades de la Diroes contarán con psicólogos para atender a los sobrevivientes. También se reintegrará el dinero a los policías que por el cambio de colocación se habían hecho cargo de sus viáticos”, agregó Hidalgo

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El general Hidalgo recibe el saludo de uno de los familiares.

Además, dispuso que el inspector general de la Policía, general PNP Carlos León, junto con el equipo que investiga el caso, y el jefe de la Dirincri, general PNP Félix Murga, expongan el avance de las investigaciones administrativas al comando que lideró el operativo.

Durante dicha reunión, que se llevó a cabo ese mismo día en la Inspectoría, el jefe de la dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría (Diriad), Mauro Medina, informó que el cinco de junio viajó el equipo de investigaciones número seis de la Diriad, al mando del coronel Germán Campero, para recabar manifestaciones y documentos.

Campero refirió que el 19 de junio los generales Javier Uribe (jefe de la Dirección Territorial San Martín-Amazonas) , Luis Muguruza (jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales), y Bernabé Garavito (jefe de la Dirección Ejecutiva de Operaciones Especiales) rindieron sus manifestaciones, pero que serán interrogados nuevamente debido a que hay nueva información que contradice sus declaraciones.

“Aquí se tendrán que asumir las responsabilidades. Aquí nadie ejercerá ningún tipo de presión”, sostuvo León, quien adelantó que los tres generales ya han sido cambiados de colocación.