Por David Lovatón Palacios
Director del IDL
Recientemente el diario “El Comercio” publicó un interesante informe del grupo de diarios de América sobre el preocupante incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en las principales ciudades de América Latina, resaltando el hecho que Lima es la ciudad con menos policías por número de habitantes en el continente: un policía por cada 1,696 habitantes. Esta constatación sin duda aconseja incrementar el número de efectivos policiales que patrullan y dan seguridad en nuestra ciudad, en especial, en los distritos periurbanos de los conos sur, norte y este, en los que la presencia policial es mucho más escasa y tampoco es suplida debidamente por los servicios de serenazgo como en otros distritos limeños con mayores ingresos municipales.
Sin embargo, mal haríamos en considerar que la principal y casi exclusiva respuesta al incremento de la delincuencia es el aumento de efectivos policiales, pues el mismo informe periodístico bajo comentario señala a Caracas (un policía por cada 435 habitantes), Río de Janeiro (sin datos), San Juan de Puerto Rico (un policía por cada 233 habitantes) y Bogotá (un policía por cada 470 habitantes) como las ciudades con mayor promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes en la región.
La variable de número de homicidios por cada 100,000 habitantes es considerada la más confiable para medir los índices de inseguridad ciudadana, a diferencia de otras como el promedio de asaltos a personas en las calles, que pueden ocultar una gran cantidad de víctimas que finalmente no denuncian muchos delitos contra la propiedad, por desconfianza en la Policía o por el convencimiento que no servirá de nada denunciar, en lo que el médico español Carlos Martín Beristain ha denominado el fenómeno de la “impotencia aprendida”. Eso explicaría, por ejemplo, por qué Lima reporta oficialmente mucho menos asaltos a personas en las calles (un promedio de 13,535 por año) que Santiago de Chile (un promedio de 62,954 por año).
En consecuencia, frente a este peligroso incremento de la delincuencia común y el crimen organizado (narcotráfico) en nuestras ciudades, nunca hay que perder de vista que de lo que se trata no sólo es incrementar el número de efectivos policiales, sino sobre todo de mejorar la calidad de la protección y patrullaje policial que se pretende brindar a la ciudadanía que, entre otros aspectos, supone: combatir la corrupción y el abuso policial, como el mejor camino de elevar la confianza que la ciudadanía debe tener en sus cuerpos de seguridad; no hay posibilidad alguna de mejorar la seguridad ciudadana con una Policía desprestigiada y corrupta.
Por otro lado, también hay que mejorar las condiciones en las que presta servicio la Policía: mejorar la formación y capacitación en las escuelas de policía comenzando con algo tan elemental como realizar más prácticas de tiro; modernizar los implementos de seguridad y el armamento; mejorar los seguros y atención médica; mejorar la movilidad y los traslados a los lugares de patrullaje, entre otros.
Asimismo, ante el crimen organizado es esencial la especialización y seguridad de los efectivos policiales dedicados a combatirlo, así como la inteligencia policial. Finalmente, el liderazgo y apoyo de los gobiernos municipales son fundamentales para una buena estrategia integral de seguridad que no sólo comprenda a la Policía sino también a los vecinos, comerciantes, transportistas, iglesias, ONG, entre otros.
Hasta ahora, la percepción en el Perú lamentablemente sigue siendo que la corrupción y la delincuencia caminan varios pasos por delante de la Policía y las autoridades nacionales y municipales. Mientras esa realidad no cambie, los esfuerzos que sólo se concentren en dejar de ser la ciudad con menos policías por número de habitantes en el continente, servirán de muy poco.
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