A dos meses de ocurrido el operativo policial de desalojo en Bagua, las autoridades del ministerio del Interior persisten en poner trabas para impedir que los deudos de los policías caídos accedan a los beneficios que les corresponden por ley. Debido a esta situación, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, se reunió ayer con los familiares de seis policías, quienes horas antes denunciaron públicamente el incumplimiento de los compromisos asumidos por el ministro del Interior, general PNP (r) Octavio Salazar, y el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo.

“No me gusta que con la muerte de estas personas, que entregaron su vida al país, se trafique políticamente. Yo voy a buscarle una salida legal a esto. Porque aquí hay compromisos y se tienen que cumplir. Si (el ministro) no lo resuelve, lo asumiré como instancia. Yo veré cómo consigo resolver esto”, aseguró Velásquez Quesquén a los deudos durante una reunión llevada a cabo desde las seis y media de la tarde en la PCM.

Extractos del audio de la reunión del premier
con los familiares de los caídos en Bagua.

Tal como informó IDL-SC en una anterior publicación, el 21 de julio pasado, Salazar e Hidalgo recibieron en el despacho de primero a los familiares y representantes del Instituto de Defensa Legal, quienes asumieron desde los primeros días de julio la defensa de los deudos. (Ver: ¿Justicia para los deudos?)

En dicho encuentro, Salazar se comprometió a emitir una nueva resolución ministerial que considerara a los policías asesinados en la subestación seis como caídos en acción de armas y no en acto de servicio, al igual que los efectivos que murieron en combate durante el operativo de desalojo en la Curva del Diablo.

“Todos han muerto en el mismo lugar, corregiremos ese tema”, refirió Salazar en ese entonces, quien también se comprometió a resolver el caso de la madre del suboficial de tercera José Alberto García Guzmán (21), Rosa Amalia Guzmán García, a quien se le había negado el pago de pensión a pesar de haber acreditado ante la Dirección de Bienestar de la PNP que su hijo era el único sostén del hogar.

CORTESÍA: PERÚ 21

Familiares de los policías muertos en Bagua.

Además, el director general de la PNP indicó que a los sobrevivientes de Bagua se les daría un descanso de sesenta días. “A fin de mes las unidades de la Diroes contarán con psicólogos para atender a los sobrevivientes. También se reintegrará el dinero a los policías que por el cambio de colocación se habían hecho cargo de sus viáticos”, aseveró Hidalgo en ese momento.

Sin embargo, eso no ocurrió.

Algunos de los sobrevivientes han sido enviados a comisiones y otro tanto a cubrir el servicio de vigilancia en empresas mineras. Prueba de ello es que el técnico PNP Prudencio Larico Mamani, uno de los policías que logró sobrevivir en Bagua, murió durante el ataque senderista a la comisaría de San José de Secce.

Sobre estos puntos, que también fueron expuestos por los familiares en la PCM, Velásquez Quesquén indicó que “la idea del gobierno es cumplir en el marco de la ley con todos los compromisos asumidos. Hay algunos temas que se pueden resolver inmediatamente, (pero) lo de ustedes no es una ayuda, es un derecho”.

Asimismo, aseguró que hará las gestiones necesarias con el ministro de Vivienda, Francis Allison, y el ministro Salazar para que los familiares de los policías fallecidos accedan a una vivienda propia, uno de los compromisos asumidos por la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

A pesar de lo dicho por el premier, el director general de la Policía anunció hoy -en una conferencia de prensa- que la madre del suboficial José Alberto García Guzmán no recibirá la pensión por fallecimiento.

“Hay familiares a los que no les corresponde (el pago de pensión) porque el ordenamiento legal así lo establece. La señora está reclamando su pensión, y la ley dice que se le otorga la pensión al deudo del policía que fallece cuando se demuestra que ese policía era el sostén económico de esta persona. La señora García, en principio, es casada con un suboficial del Ejército, vive en la villa militar, tiene una AFP. Sin embargo, le hemos pedido que nos presente documentos que nos permitan a nosotros acceder a ello para estar en consecuencia con la ley. Si no, estaríamos haciendo mal uso de los recursos del Estado”, enfatizó Hidalgo, quien parece no recordar que durante la reunión que sostuvo con los deudos tanto él como el ministro del Interior aseguraron lo contrario.