El 16 de junio acaecieron dos hechos significativos sobre los que IDL-SC considera necesario pronunciarse. Ambos eventos aparentemente inconexos son, como se verá, síntomas de una profunda disfunción en el Gobierno actual y especialmente en el sector Interior.

Ese día, en Moquegua, se inició el mal planeado, equipado, ordenado, coordinado y ejecutado operativo de desbloqueo de la Panamericana Sur, que terminó en un sálvese quien pueda policial y en el apresamiento de un general de la PNP y decenas de sus subordinados. Por fortuna, el penoso episodio terminó sin muertes y con un acuerdo que pudo haberse alcanzado sin siquiera iniciar el conflicto. Pero las corrosivas consecuencias de esta debacle de las fuerzas de la ley afectan sin duda la capacidad de gobernar el país y probablemente repercutirán en los próximos conflictos.

Un contraste de esta naturaleza no tiene solo responsabilidades operativas sino también políticas, especialmente cuando la autoridad política –el ministro del Interior Luis Alva Castro- estuvo directamente involucrado, desde lo alto de la cadena de comando, en las órdenes que culminaron en el desastre conocido.

Sin embargo, el renuente chivo expiatorio en este episodio ha sido el removido general PNP Alberto Jordán. No ha habido el menor esfuerzo por realizar un análisis autocrítico, por identificar responsabilidades o siquiera claras enseñanzas en este contundente contraste. Protegido una vez más por el presidente de la República, cuya falta de consistencia entre el argumento de ayer, exigiendo eficiencia y solvencia funcional a sus ministros, y el arropamiento de hoy no le hace servicio alguno ni a la seriedad de su cargo ni al crédito de sus palabras, el ministro Alva Castro vuelve a erigirse en el símbolo de la irresponsabilidad política y la desorientación sectorial. Pese a la inexplicable opinión de algún comentarista veterano que sugiere, en obvia coincidencia con Alan García, la permanencia del ministro Alva Castro en su cargo, lo cierto es que la continuación de un político con tan grave déficit de competencia al frente de uno de los ministerios más importantes en este o cualquier gobierno, representa en los hechos un sabotaje del gobierno a sí mismo. Las causas de esa misteriosa irracionalidad serán eventualmente conocidas e interpretadas. Eso no las hará menos dañinas.

El mismo 16 de junio, la subcomisión de acusaciones constitucionales votó en el último momento y luego de una especial intervención del congresista Aurelio Pastor, por acusar al ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, de acuerdo con los absurdos cargos presentados contra éste por el ex ministro de Fujimori (y ex congresista), Jorge Mufarech.

¿Qué tiene que ver en este caso la picaresca de un desprestigiado Congreso con la seguridad ciudadana? Mucho. Porque a Rospigliosi se lo acusa por haber invitado a una organización anti corrupción a vigilar la integridad y transparencia de una adquisición de uniformes policiales, sin que dicha organización (Pro Ética, representante de Transparency International en el Perú), cobrara un centavo.

Es decir, el mensaje de esta subcomisión es que no habrá acto honesto que quede sin castigo; y que, precisamente, una de las más puntuales acciones por prevenir la corrupción en un sector en el que ésta ha oscilado entre lo endémico y lo epidémico, es identificada y perseguida pese a lo grotesco, descabellado y hasta ridículo de la acusación.

El propósito persecutorio se hizo evidente cuando Pastor intervino luego que el presidente de la subcomisión, José Vargas, hubiera dictaminado que no había razón para acusación alguna. Fujimoristas y humalistas se unieron a Pastor, en una suerte de perversa coalición del absurdo.

Las acusaciones kafkianas suelen ser patrimonio de las dictaduras. Cuando en una democracia se arremete así contra la racionalidad, no se hace otra cosa que sabotearla. En una democracia, las palabras y las razones tienen valor. En una dictadura, son meras coartadas.

De manera que ahí están, lado a lado, las tareas de un solo día. La acusación demente de un lado y la fuga de la responsabilidad, del otro. Dos expresiones de una realidad alarmante. Porque si el deber de todo ciudadano es defender la democracia, el de todo gobernante democrático es gobernar de acuerdo con la razón, la ley, el sentido común y la responsabilidad. Y eso no sucede ahora.