El pasado viernes 14, IDL-SC dio a conocer la noticia sobre la separación de Luis Alberto Salgado –por orden, según declaró Salgado, del presidente de la República, Alan García– de la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y de la presidencia de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. El motivo de la destitución, a la que se le dio la cosmética de renuncia, fue, de acuerdo con lo que entendió Salgado de la explicación de la ministra de Justicia Rosario Fernández, “…por lo que salió publicado en Caretas por el caso Ivcher”.
En efecto, como informó IDL-SC, “la edición 2018 de Caretas, del 13 de marzo, tiene un artículo, “Ivcher perdió el juicio”, donde reseña el severo revés judicial que ha sufrido Baruch Ivcher cuando, el 5 de marzo, la Tercera Sala Civil de Lima declaró la improcedencia de una demanda presentada por Ivcher para no pagar 54 millones de soles que adeuda Frecuencia Latina a la SUNAT”.
En su edición de hoy, miércoles 19 de marzo, Caretas reseña el incidente, su trasfondo y consecuencias. En un recuadro, la revista reporta una versión de Palacio, (obviamente dada, transmitida o autorizada por el propio García), en donde se afirma que “era falso que el Presidente hubiera pedido a la Doctora Fernández que diera de baja a Salgado y menos que Ivcher ejerciera alguna influencia especial”. Caretas hace constar, sin embargo, que todos sus intentos por entrevistar sobre el tema a la ministra Fernández, sea en forma directa o a través de su jefe de prensa, Jaime Chincha, no recibieron respuesta alguna, pese a que la ministra se dio el tiempo para salir a los mercados a chequear precios de productos de primera necesidad y reportarlos luego en la televisión. Era claro que Rosario Fernández ha preferido mantener distancia de un ingrato papel que, de acuerdo con el testimonio de Salgado, le fue impuesto por el presidente García.
IDL-SC ubicó a Salgado en Estados Unidos y le hizo la siguiente entrevista por correo electrónico.
Señor Salgado: ¿Le habló alguna vez el presidente García sobre el caso Ivcher, le pidió que haga o deje de hacer algo?
El 4 de febrero recibí una llamada telefónica del presidente García expresando su preocupación por el envío, por el agente del Estado para el caso Ivcher, Iván Bazán, de unos documentos a la Corte de San José. Era la información con la denuncia de la revista Caretas y, además, copia de un documento oficial emitido por la cancillería polaca en Varsovia y remitido a su consulado en Lima, el cual a su vez había sido enviado a mi oficina en la Secretaría Ejecutiva del Consejo nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. El presidente no me pidió expresamente algo, pero sí expresó su mortificación por lo sucedido, indicando que el agente Bazán ya no gozaba de su confianza. Le informé al presidente que el agente Bazán, quien además era funcionario en la Secretaría Ejecutiva a mi cargo, había actuado con mi conocimiento y autorización, por creer que ese era el deber de todo funcionario responsable, habiendo de por medio además grandes sumas de dinero del fisco y existiendo un juicio (acción de amparo) entablado por el señor Ivcher contra la SUNAT y el MEF. El presidente me recordó que el señor Ivcher había sido víctima de la dictadura de Alberto Fujimori y le contesté que eso estaba fuera de discusión y que no era el tema de lo que se trataba con la Corte de San José.
¿Habló usted sobre el tema con algún otro alto dirigente aprista o del gobierno?
Con el congresista Mauricio Mulder, a comienzos de febrero, a pedido de él. Se acercó a mi oficina a expresar su preocupación sobre lo que ocurría. No me pidió nada al respecto. Fue muy prudente pero sí me manifestó que había un riesgo que con ello los Winter recuperaran el control del Canal 2.
El viernes 7 de marzo me reuní, a pedido mío, con el premier Jorge del Castillo, a fin de solicitarle me explicara el motivo de la cancelación de mi viaje a Washington DC con motivo del 131 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana. El presidente del Consejo de Ministros me manifestó que la ministra Rosario Fernández había suscrito la Resolución Suprema autoritativa [del viaje], igual que él [Jorge del Castillo]; pero que el presidente Alan García estaba muy mortificado por el asunto con Baruch Ivcher y disgustado por los pasos que había tomado la Secretaría Ejecutiva del CNDH en ese caso.
¿Se reafirma usted en que la ministra le dijo que salía del cargo por disposición expresa del presidente García?
Me reafirmo.
El gobierno ha deslizado la idea de que usted salió por el caso Cantoral. ¿Qué tiene que responder al respecto?
Eso no tiene ni pies ni cabeza. Con ello se trata de cuestionar implícitamente mi competencia profesional y ello no lo acepto. Para comenzar, yo no he sido agente del Estado en ese caso, el agente es el abogado Ángel Marín. La sentencia sobre el caso Cantoral se produjo en julio del 2007 y el Grupo de Coordinación y Consulta, que lo integran la jefa de Gabinete del MINJUS [ministerio de Justicia], el director general de Derechos Humanos de la Cancillería y el suscrito, propusimos a la [entonces] ministra Zavala (y la ministra aceptó) la presentación de una consulta a la Corte sobre qué ocurriría si el proceso judicial en sede nacional llegaba a una conclusión distinta de la Corte de San José, es decir que no hubieran sido agentes del Estado los que dieron muerte a los señores Saúl Cantoral y Consuelo García. La Corte de San José le contestó a dicho escrito señalando que era inadmisible el pedido, pues ello no estaba contemplado en la Convención Americana de DD.HH. El propósito de dicho escrito era hacer notar ante la Corte de San José la imperfección del sistema interamericano y la necesidad de corregirlo en aras de la rigurosidad y seriedad del sistema de defensa de los derechos humanos.
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