¿Somos ya una narco república?
Por Mariella Balbi
La respuesta a semejante pregunta es sumamente delicada, pero resulta vital determinar en qué punto de esta realidad nos encontramos. A menudo escuchamos conversaciones sobre porqué en el Perú los ‘capos’ del narcotráfico no tienen la visibilidad con la que aparecen en Colombia, país que también sufre de estos avatares. Hay quienes piensan que la actividad está menos desarrollada entre nosotros, por ello no hay ‘capos’ que lideren bandas fácilmente identificables. Otros, más avizores, sostienen que por lo menos en el mundo empresarial las cosas son ya bastante claras, perciben la corrupción policial e incluso miran con muchísima desconfianza a la poderosa DEA. El razonamiento sigue esta lógica: ¿Cómo una institución tan poderosa, con tantos recursos, no impide el ingreso de droga a EE.UU. y las fronteras son una coladera? y la consideran altamente corrompida.
La teoría y la experiencia señalan que el comercio ilegal de la droga penetra, inevitablemente, al mundo político. Es una ecuación no tan fácilmente demostrable, aunque las suspicacias sean múltiples. El ‘talán’ lo dio la semana pasada la revista “Caretas” al publicar un cuadro de ‘donaciones’ del hijo de un investigado por narcotráfico: Manuel Sánchez Paredes. Entre los beneficiarios está el congresista aprista Elías Rodríguez quien recibió modestos 10 mil dólares para comprar muebles. Ahora Rodríguez amenaza con audios comprometedores de quienes filtraron ladenuncia. Lo cierto es que el congresista no ha hecho ningún descargo plausible y el APRA está en una verdadera encrucijada, pues debería expulsarlo ya. Recuerden que hace pocos años se le vinculó con gente de dudosísima ‘narcoreputación’.
La reciente ofensiva -aún no termina- contra la fiscal Luz Loayza (metió preso a Fernando Zevallos) es una típica campaña ‘narco’. Buscaron desprestigiarla, junto a la procuradora antidrogas Sonia Medina, pero nunca apareció documento incriminatorio alguno. Sin embargo colocó los reflectores en el Poder Judicial y un manto de fundada sospecha cayó sobre este. Descubrimos que los procesos por narcotráfico se descuartizan, dispersándolos en varios juzgados. Mientras, las bandas actúan con gran organización, como un todo. Encima, en Lima solo hay dos fiscales antidrogas.
Lastimosamente, la Policía Nacional también está perforada por el narcotráfico. Hace poco se removieron 120 policías de la zona cocalera, 60 estarían vinculados a esta actividad; roban o decomisan su mercancía a los narcos para luego revenderla. Nadie sabe para quién trabaja. Estudios sobre el tema afirman que el mentado VRAE es una zona liberada y que Andahuaylas, en Ayacucho, es el Medellín andino. La Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la SBS, busca fortalecerse, pero su trabajo no está a la altura de las circunstancias, más aún cuando el negocio de la droga lava en el Perú más de 2,000 millones de dólares al año.
Hay que mencionar el intenso trabajo de los ‘burriers’, sean nacionales o internacionales, la ventana de oportunidades que son los puertos norteños, contaminando ciudades como Trujillo y Chiclayo. También la sorprendente cantidad de muertos vinculados al caso Zevallos y que sean pocos los ‘capos’ que están tras las rejas. Ante todo esto, solo queda decir: juzgue usted.