Ha transcurrido una semana desde que el fiscal de Ayacucho Hugo Martínez denunció al suboficial de tercera PNP Carlos Rodríguez Huamaní por el presunto homicidio de dos campesinos durante el paro agrario de febrero pasado. El informe fiscal (ver), sin embargo, no ha resuelto la controversia sobre el caso.

Es que el todavía confuso evento del 19 de febrero en Ayacucho, en el que fueron muertos los campesinos Rubén Pariona y Emiliano García no es solamente un misterio policial (¿quién los mató?), sino también una crisis política potencial (¿mintió el ministro o solo se equivocó? ¿merece ser censurado o no?).

Por lo pronto, hay algunas cosas claras que emergen de la prolija, aunque no indiscutible, investigación del fiscal Martínez.

• En el lugar de las muertes, a la altura de la segunda entrada al grifo Ayacucho (Vía los Libertadores), se produjo una refriega entre policías y manifestantes, azuzada por un provocador que logró finalmente su cometido.
• Durante la refriega se escucharon dos detonaciones. Una fue de una granada lacrimógena lanzada manualmente. La otra fue un disparo de escopeta.
• El único policía que llevaba la escopeta fue el SO3 Carlos Rodríguez: una Savage calibre 12 número E090267. Rodríguez admite haber disparado en posición “cazador de pie” [sic] cuando fue atacado por la turba.
• Un cartucho percutido calibre 12 fue encontrado en el lugar y entregado a las autoridades.
• Tanto Pariona como García fueron muertos por perdigones del tipo 00 (postas) que penetraron su masa encefálica y causaron un trauma mortal.
• Sin embargo, el SO3 Rodríguez había recibido una dotación de 15 cartuchos (que, de paso, fueron disparados ese día y el siguiente en su totalidad) todos los cuales, de acuerdo con lo que indica la Policía,estaban cargados con munición no letal, de goma.
• Los perdigones que causaron la muerte de Pariona y García eran de plomo.
• Hubo irregularidades en el procedimiento posterior a los hechos. En su primer peritaje balístico, el 317-08, la Policía indicó que esa arma no había sido disparada.

Ese cierto grado de confusión fue multiplicado por las declaraciones en Lima del propio presidente Alan García el último viernes, quien mencionó una supuesta conclusión del Instituto de Medicina Legal (IML) para insistir en la teoría oficial de que lo que mató a los campesinos fueron proyectiles disparados por un arma artesanal.

Sin embargo, el jefe del IML, Luis Bromley, no tardó en aclarar las cosas: “No hay ninguna parte de nuestro informe que señale que los proyectiles provienen de armas caseras o hechizas. Nuestro estudio no puede determinar qué tipo de armas se utilizaron”, precisó a IDL-SC.

El único informe que esbozó una teoría similar a la de García fue el primer dictamen pericial de balística elaborado por la Policía el 25 de febrero, (ver informe), que señaló: “… se aprecia que el perdigón ha salido de un tubo, cañón de superficie irregular homólogo a los utilizados en armas de fabricación casera”. Ese fue el sustento de la explicación de Alva Castro en el Congreso primero y, a lo que se ve, la de García hace pocos días.

Pero en toda la investigación posterior no ha habido ningún documento o dictamen o versión que respalde dicha conclusión.

Todo indica, por lo contrario, que solo hubo dos disparos en ese momento y de ellos solo uno de arma de fuego: la escopeta Savage afectada al SO3 Rodríguez.

¿El caso está cerrado entonces?

No del todo.

PUNTOS FLOJOS

Algunos aspectos de la propia denuncia fiscal dificultan la comprensión de los hechos. Uno de los argumentos que la sustenta es que, luego de una “homologación”, se comprobó que el cartucho percutido encontrado cerca de los cuerpos de las víctimas es “compatible” con el cartucho sin percutir que fue hallado en el domicilio del policía Rodríguez Huamaní.

Pero hay una diferencia importante.

El cartucho encontrado en la casa del suboficial está cargado con perdigones de “goma fragmentada” que es munición no letal.

De otro lado, el cartucho que causó la muerte de los agricultores estaba cargado con munición de plomo tipo postas, para caza mayor, que es eminentemente letal.

¿Pudo haber disparado la escopeta los dos tipos de munición? Por supuesto que sí, e incluso consecutivamente. Pero hasta ahora no está probado que el S03 Rodríguez haya llevado uno o más cartuchos cargados con munición de plomo.

Por el momento, el fiscal Martínez ha dispuesto que “se practique una pericia de absorción atómica en el cartucho” percutido para “determinar si pudo haber contenido perdigones de plomo”.

Esa pericia puede ser decisiva desde el punto de vista criminalista y quizá también político.

Según ha podido conocer IDL- SC, ayer (martes 15), a las 8 de la mañana, el juez Gabriel Calmet Berrocal, titular del Primer Jugado Penal de Ayacucho, devolvió la denuncia a Martínez para que este corrigiera la tipificación del delito. A las 11:30 de la mañana, el fiscal volvió a presentarla con las mismas cuestiones de fondo: la acusación por homicidio calificado (con alevosía) contra Carlos Alberto Rodríguez, y la de delito contra la tranquilidad pública contra Teodoro Quispe Mitacc, dirigente de la junta de regantes.

Calmet, quien se desempeña como juez suplente, tiene 15 días hábiles para abrir instrucción o archivar la denuncia.

Mientras tanto, el Congreso aprobó convocar al ministro Alva Castro para que explique las contradicciones entre su versión y el dictamen del Ministerio Público.

Si el peritaje de absorción atómica en el cartucho percutido está listo cuando concurra Alva Castro, las contradicciones tendrán probablemente respuesta.