¿Qué razones llevaron al Presidente a ordenar la destitución del más alto funcionario del Gobierno en derechos humanos?

A las 7:30 de la noche del jueves 13, en ruta a su casa, Luis Alberto Salgado recibió una llamada de la ministra de Justicia, Rosario Fernández. La ministra le dijo que tenía un encargo importante que darle en forma inmediata. Que debía ser en forma personal. En su despacho.

A las 8 de la noche, Salgado estaba ya en la oficina de la ministra Fernández. Aunque no sea una persona con mucha figuración pública, Salgado era uno de los funcionarios más importantes de este Gobierno y uno de los militantes con mayor prestigio en el partido aprista. No solo era secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos; y encargado de la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, sino además representante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de San José en el caso Castro Castro. Ahí, como se sabe, el Perú pide una reinterpretación y reconsideración de la sentencia previa.

La ministra no perdió tiempo en preámbulos. Le dijo a Salgado que “lamentaba ser portadora de un mensaje del presidente (Alan García)”. El encargo del presidente era el de destituir de inmediato a Salgado de la Secretaría Ejecutiva. “Ante esto”, dice Salgado, “preferí hacer mi renuncia”.

Pocas horas después, con la especial eficacia del gobierno aprista en estos menesteres, las dos renuncias de Salgado eran publicadas en el diario oficial (ver las resoluciones en El Peruano).

La destitución disfrazada de renuncia, por terminante imposición presidencial, fue un hecho serio, que seguramente crecerá en gravedad en los próximos días.

Salgado no es solo un alto funcionario del gobierno sino un veterano y respetado militante y dirigente aprista de vieja cepa que, además, tiene una trayectoria poco común en su Partido, la de experto en derechos humanos. Ha servido en misiones de las Naciones Unidas en Camboya, Mozambique y Guatemala. Era, sin duda, la persona mejor calificada dentro del Gobierno para llevar el caso en la Corte de San José.

¿Cuál fue entonces la razón? La ministra le dijo que eso se debía a “una situación que había acontecido ese día”. Según Salgado, “lo que alcancé a entender es que eso fue por lo que salió publicado en Caretas por el caso Ivcher”.

En efecto, la edición 2018 de Caretas, del 13 de marzo, tiene un artículo, “Ivcher perdió el juicio”, donde reseña el severo revés judicial que ha sufrido Baruch Ivcher cuando, el 5 de marzo, la Tercera Sala Civil de Lima declaró la improcedencia de una demanda presentada por Ivcher para no pagar 54 millones de soles que adeuda Frecuencia Latina a la SUNAT.

Como se sabe, Ivcher había conseguido anteriormente que el Estado peruano le pague 20 millones de soles como indemnización personal por los inconvenientes que sufrió en los años (a partir de 1997) que se opuso a Fujimori y Montesinos. La Corte de San José había determinado que se le pagaran 70 mil dólares, pero un arbitraje inexplicablemente consentido por el Estado elevó luego la cifra a 20 millones de soles. Hay que recordar que ninguna otra persona de las que enfrentaron al fujimorato y sostuvieron consecuencias mucho peores ha recibido siquiera una fracción de esa compensación.

El artículo de Caretas informa que ante la posibilidad de que Ivcher hubiera engañado a la Corte de San José al haber falseado datos sobre su nacionalidad, “el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que preside Luis Alberto Salgado, se interesó en el caso. Salgado, de hecho, ya había advertido de la tramoya fiscal urdida por el empresario”.

Esas líneas son, de acuerdo con toda la evidencia disponible, las que impulsaron a García a ordenar a su sumisa ministra que bote de inmediato a Salgado.

El incidente es, por supuesto, muy revelador. Aparte de arrogancias y arbitrariedades presidenciales, que no son nuevas, ello parece indicar que Alan García, presidente del Perú, apoya el intento de Baruch Ivcher, de no pagar la deuda tributaria de 54 millones de soles a la SUNAT. Esa campaña, la de Ivcher, combina acciones legales con presiones “periodísticas” y, a lo que ahora se ve, ayudas palaciegas. Había informaciones de que el secretario de la presidencia Luis Nava hacía gestiones en ese sentido, sobre todo en el ámbito aplicable del ministerio del Interior, pero no se sabía si lo hacía por iniciativa propia o por orden presidencial. Ahora se conoce más.

La acción presidencial representa también un ataque directo a la revista Caretas, que ha llevado a cabo una campaña de investigación y denuncia sobre los intentos de Ivcher de hacerse pagar decenas de millones de soles (20 de los cuales ya han sido embolsillados) por sus presuntos sacrificios en favor de la democracia. Con ese gesto, García demuestra una posición que, como presidente de la República, está obligado a explicar.

La posición presidencial es todavía más delicada si se tiene presente que Ivcher ha entablado una demanda contra Caretas, también por varias decenas de millones de dólares, que tiene como objetivo principal silenciar la cobertura de la revista. El anterior en hacer algo parecido, a comienzos del régimen de Fujimori, fue Vladimiro Montesinos. Extrañamente, según fuentes dignas de crédito, el estudio de abogados que maneja la demanda de Ivcher contra Caretas, es el de José Ugaz.

Cosas extrañas se ven en este país, pero quien debe una explicación clara es el presidente García.

Salgado, por su parte, indica que, “no me considero víctima… he considerado que si eso me hace incompatible con el compañero presidente, que sea así”.