Es posible que sea el propio presidente Alan García quien en corto plazo anuncie la solución que supuestamente ha encontrado el Gobierno para el problema carcelario en el país.

No se necesita gran imaginación para adivinarla, y se expresa en una sola palabra: privatización. Es decir, el encierro convertido en negocio.

Esa es, por lo menos, la conclusión principal de la llamada “comisión Prialé” (por el economista y ferviente privatizador, Gonzalo Prialé), que fue convocada por la ministra de Justicia Rosario Fernández con un objetivo predeterminado: ver la forma de privatizar los penales. La decisión fue tan manifiesta que, cuando el entonces presidente del INPE, general PNP (r) Gustavo Carrión planteó algunas objeciones de principio y otras prácticas a la idea, fue obligado a renunciar.

De acuerdo con lo que IDL- SC ha averiguado, hubo alrededor de seis reuniones en la que participaron todos los integrantes de la comisión, (Gonzalo Prialé, Fritz Du Bois, Silvia Astete, José Piccini, Ada Constantino, Leonardo Caparrós, Juan Boria y Hugo Morote) y otras en las que solo tomó parte el núcleo operativo del grupo. Entre quienes no dejaron de participar en la elaboración del documento estuvieron José Piccini, un empresario constructor, Hugo Morote, un experto en concesiones y privatizaciones, y, por supuesto, el jefe del grupo, Gonzalo Prialé.

El documento final desestimó, según fuentes dignas de crédito consultadas por IDL-SC, cualquier alternativa intermedia y se concentró en proponer una privatización plena. En efecto, según recomienda la comisión, los empresarios privados participarían en el financiamiento, el diseño y la construcción de las cárceles; y también en toda su administración y funcionamiento, durante un período de 20 años (después el Estado podría convoca a una nueva licitación). Es decir, ganar en la construcción del penal y luego tener una ganancia por cada recluso.

El estudio de la comisión propone que se construya seis nuevos penales privados en los próximos tres años. Si bien la ministra Fernández dijo en RPP que los nuevos centros penitenciarios costarían entre 12 y 15 millones de soles, esa apreciación fue errónea. Según expertos en asuntos penitenciarios, la cifra real de cada obra ascendería a 50 millones de soles. El penal de Piedras Gordas II, que estará terminado a fines de este año, ha costado 48 millones de soles al Estado.

VIEJOS INTERESES

Una de las cosas que sin duda no se discutió en esa comisión, fue el concepto de conflicto de intereses. Como se indicó, por ejemplo, en la entrega anterior sobre el tema, Fritz Du Bois trabaja en El Comercio; José Piccini es un constructor; Hugo Morote es un abogado especializado en concesiones. El único que mencionó en algún momento el tema, fue Morote, quien habría indicado, según fuentes con conocimiento de causa, que él participará asesorando a sus clientes en el proceso de privatización y que desde el 2002 hay empresarios interesados en invertir en este atractivo negocio.

“Dijo que su participación sería solo a título personal y la cosa quedó allí”, comentó la fuente.

¿Dónde está el negocio en hacer cárceles y encerrar presos? En que se tiene un mercado literalmente cautivo y una ganancia asegurada. El Estado paga y cada cuota asegura la inversión y la ganancia.

La idea de privatizar las cárceles peruanas no es nueva. En el 2002, durante la gestión de Fausto Alvarado, se formó una comisión para elaborar un plan nacional de tratamiento penitenciario, la que, entre otras recomendaciones, propuso la privatización plena de las cárceles. Incluso, se contrató a una consultora estadounidense para preparar “un diagnóstico del sistema penitenciario nacional y asesoría para el otorgamiento en concesión de nuevos establecimientos penitenciarios”.

El documento elaborado por la consultora ha sido el principal referente de la Comisión Prialé a la hora de redactar su informe.

¿Cuáles serían los costos de la privatización? De acuerdo con la comisión privatizadora, el costo de cada interno escalaría a un monto que iría entre los US$ 13 y los US$17 por día. Esta cifra suma los US$ 6 correspondientes a la amortización del costo de infraestructura (la construcción del penal), y los US$ 7 del costo diario de cada interno. El monto total sería pagado por el Estado en un período de 20 años. Actualmente, cada interno le cuesta tres soles cincuenta (US$ 1.25 al cambio actual) en alimentación al Estado.

Según el ex jefe del INPE Wilfredo Pedraza, hay dos atractivos márgenes de ganancia para los privados. El primero es el interés que se gana por la amortización de la deuda a largo plazo contraída por el Estado para pagar la construcción del penal. El segundo está en la propia administración del centro penitenciario.

“En los penales existe una habitabilidad que nunca baja del 85%, cuyo costo debe ser cubierto por el Estado. Los riesgos para los privados son nulos”, explicó.

Según fuentes consultadas, la comisión habría recomendado que la construcción de los penales sea a través de fondos de endeudamiento. Es decir que el MEF separe capacidad de endeudamiento para esta tarea durante los próximos tres años.

La ministra Rosario Fernández junto a los integrantes de la comisión encargada
de la tercerización de los penales

Con esos costos, ¿cuál es la ventaja de la privatización? ¿no representa una cierta obscenidad que un grupo de ciudadanos lucre del cautiverio de otros? Si se entiende que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza para imponer la ley de la república, ¿no debe entenderse también que una tarea finalmente tan ingrata como el privar de libertad a otras personas deba ser también responsabilidad exclusiva del Estado? Menos mal que no hay pena de muerte en el país, porque sino ya habría lobbies que buscarían privatizar las ejecuciones.

IDL-SC intentó entrevistar a la ministra de Justicia mediante repetidas solicitudes a través de su jefe de prensa, Jaime Chincha. Fernández indicó estar muy ocupada, pero ofreció una entrevista con su viceministro Erasmo Reyna, quien no demoró en cancelarla.

¿LA PANACEA?

Al margen de los reparos morales, ¿cuán eficaz será la privatización en mejorar las condiciones de los 41 mil 546 presos del país?
Convendría ver a los vecinos y saber que en Chile, que ha iniciado recientemente el proceso de concesión, se han escuchado ya severos cuestionamientos. El Estado chileno tiene planeado privatizar 10 penales. Hoy sólo tiene cuatro en manos privadas y en todos ellos el costo diario de mantener a un interno asciende a US$ 35. En las cárceles públicas, el costo es de US$ 11.
Según FLACSO y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (Informe sobre Derechos Humanos y condiciones carcelarias del 2007), se han presentado problemas en el cumplimiento de los plazos de construcción e implementación en la concesión de los penales, y el gobierno chileno no ha podido imponerse a las compañías para que los resuelvan. Ambas instituciones también tienen serias dudas de que los objetivos de resocialización y rehabilitación se estén alcanzando (Ver link del informe).
El Gobierno se compara con frecuencia con Chile en términos competitivos y busca aprovechar sus experiencias. Tampoco le haría mal aprender de sus errores.