¿Qué otro lugar quedaba para acusar a los policías anti droga que investigan al clan Sánchez Paredes? Nada menos que la propia Policía. Así, como suena. Lea y verá.
La familia Sánchez Paredes ha sido investigada y procesada por narcotráfico en diversas ocasiones a lo largo de treinta años. Todo un decanato, a su manera.
Hasta ahora, la familia ha logrado salir bien librada de los procesos judiciales. Fuera de ellos, los conflictos han tenido más de una vez desenlaces luctuosos. El patriarca, Perciles Sánchez Paredes fue asesinado en Trujillo, en 1991; y otro Sánchez Paredes, Segundo Simón, fue asesinado en México en un evento que permitió descubrir un laboratorio para la elaboración de cocaína, en el mismo lugar, el “Rancho Luna”, en el que fue muerto.
Ha habido otras muertes, de cuya autoría se ha acusado a prominentes miembros de la familia. Como la del ex alcalde de Santiago de Chuco, Eberth Rojas. |
Perciles Sánchez Paredes
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Sin embargo, los numerosos sobrevivientes de la familia continuaron acumulando fuerza económica, caballos de paso e inmunidad hasta hace pocos años.
Desde abril de 2007, una serie de investigaciones realizadas por el periodista Américo Zambrano en la revista Caretas describieron en detalle la singular trayectoria de esta familia. La serie ganó el primer premio del concurso latinoamericano de periodismo de investigación IPYS-TILAC este año.
A la vez, la apacible situación policial y judicial de los Sánchez Paredes empezó a cambiar sustantivamente a partir de este año.
El 14 de enero, la Dirección Antidrogas de la PNP inició una investigación abierta a los Sánchez Paredes por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, por disposición del Ministerio Público.
No son buenos tiempos para los grandes capos (o los acusados de serlo) peruanos del narcotráfico. Fernando Zevallos está ahora recluido en la prisión de Piedras Gordas; y el alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, está preso bajo la acusación de enriquecimiento ilícito por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La razón de esos contrastes es la calidad del equipo que lidera la lucha contra las drogas. La procuradora Sonia Medina, de un lado, y algunos fiscales especializados en el enfrentamiento al crimen organizado, del otro, han colaborado estrechamente con un comando policial anti-drogas que ha logrado resultados sin precedentes en esa lucha.
La DINANDRO, bajo el comando del general PNP Miguel Hidalgo y con el coronel PNP Carlos Morán en el ámbito de la inteligencia policial anti-drogas, ha logrado niveles inéditos de eficiencia en los últimos dos o tres años. Parte de eso han sido las investigaciones que terminaron con el encarcelamiento de Zevallos y Valdez.

Gral. PNP Manuel Hidalgo
Los Sánchez Paredes vieron el peligro, sobre todo después de la exposición sobre crimen organizado que hizo el general Hidalgo en Palacio de Gobierno el 21 de enero de este año. La exposición, hecha ante el presidente García y el entonces ministro del Interior Alva Castro, fue transmitida por canal 7. Ahí, Hidalgo informó sobre la investigación por lavado de activos iniciada a los Sánchez Paredes y recibió un firme respaldo presidencial.

Fidel Sánchez Alayo
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Los Sánchez Paredes iniciaron entonces una ofensiva judicial, con recursos de Habeas Corpus ante cinco juzgados penales de Lima (los 42º, 43º, 48º, 49º y 50º), afirmando que la investigación policial no era imparcial sino prejuiciada.
Las demandas fueron declaradas infundadas por todos los juzgados. La apelación fue desestimada por dos salas penales y finalmente el propio Tribunal Constitucional ya declaró improcedente una de las demandas.
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Pero los Sánchez Paredes demandaron al general Hidalgo hasta en un Centro de Conciliación (el “SOS Legal Perú”), pidiendo una indemnización de 500 mil dólares. El intento ha sido rechazado.
¿Qué otro lugar quedaba para acusar a los policías que investigan al clan familiar? Nada menos que la propia Policía. Así, como suena.
El miércoles 22 de octubre a las nueve de la mañana, el inspector general de la PNP, Luis Henríquez, recibió en su despacho a Fidel Sánchez Alayo, quien presentó formal y personalmente una denuncia contra el jefe de la DINANDRO, Miguel Hidalgo, y policías de la misma dirección por supuesto “abuso de autoridad”. También presentó una queja debido a que -según refirió Sánchez- sus empresas se habían visto perjudicadas económicamente a raíz de las investigaciones que está llevando a cabo la DINANDRO.
Sánchez Alayo llegó al despacho de Henríquez junto con Carlos Caro y Raúl Canelo, ambos abogados de Sánchez Alayo, quien además está siendo investigado por traficar terrenos en Asia.
La reunión duró alrededor de 15 minutos. En dicho encuentro, Henríquez se comprometió a evaluar la denuncia y tomar acciones si se determinaba alguna falta administrativa de parte de alguno de los policías, incluido Hidalgo. |
Raúl Canelo
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¿Y qué pasó luego con la denuncia?
El inspector general de la PNP, Luis Henríquez, reconoció a IDL-SC que “los primeros días de octubre ingresó una denuncia de Fidel Sánchez Alayo (contra Miguel Hidalgo y otros policías de la Dinandro) por conducto regular, por mesa de partes. A los pocos días derivé la denuncia a la oficina del general Pinto. Actualmente el caso lo está investigando uno de los equipos especiales del general Pinto”.

Inspector general de la PNP, Luis Henríquez
Pero IDL-SC fue a mesa de partes el jueves 6 de noviembre y comprobó que no había registrada ninguna denuncia de Sánchez Alayo o cualquier otro miembro del clan Sánchez Paredes.
De otro lado, el general PNP Benigno Pinto, director de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría, dijo a IDL-SC que no le ha llegado ninguna denuncia contra los policías de la DINANDRO. “Yo he visto que el expediente está en el despacho del general. Hasta el viernes pasado a mi despacho no había llegado la denuncia. Hasta este momento no he asignado a ningún equipo de investigación para que vea el tema”, refirió Pinto. Henríquez ha insistido en su versión.
¿Por qué esas contradicciones y ese secreto? De acuerdo con lo que IDL-SC ha podido saber, ni Hidalgo ni Morán han sido notificados de la denuncia.
Quizá sin saberlo, los Sánchez Paredes lograron un efecto de catálisis institucional.
No es un secreto que el nuevo ministro del Interior, Remigio Hernani (un ex código 2), no quiere a Hidalgo (un ex código 3). Hace poco, por ejemplo, luego de la visita del embajador de Estados Unidos y los nuevos jefes de la NAS y la DEA al nuevo ministro, el encargado de la DEA pidió una reunión conjunta a Hernani para examinar la cooperación policial con la contraparte peruana, la DINANDRO. En la reunión, acaecida la semana pasada en el despacho ministerial, Hidalgo fue desinvitado. La DINANDRO tuvo que ser representada por el coronel Morán.
Así, los rumores de una pronta salida de Hidalgo empezaron a cundir dentro de la PNP. En esa circunstancia los Sánchez Paredes habrían presentado esa denuncia curiosamente acogida pero mantenida en forma semi clandestina dentro de Inspectoría.
Pero es posible que los rumores sobre Hidalgo queden solo en eso. Según ha podido saber IDL-SC, el presidente García telefoneó al premier Simon durante su vuelo de regreso desde Ecuador hace pocos días, para decirle que Hidalgo se quedaba en su puesto de director anti drogas. La orden fue prontamente comunicada al ministro Hernani.
IDL-SC continuará informando sobre el proceso de esa denuncia que tuvo tan extraña acogida y tan culposo proceso dentro de Inspectoría de la PNP.
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