El lunes 7 de abril, el ministro del Interior Luis Alva Castro no quiso responder a la prensa sobre la adquisición de los 698 nuevos patrulleros que le compró el PNUD –con dinero público, por cierto- luego de que el ministerio que dirige fracasara en hacerlo. Alva Castro afirmó que dará todos los detalles sobre la compra – por un monto de 13 millones 399 mil 366 dólares- en el Congreso. No especificó la fecha.

Como se sabe, IDL-SC informó la semana pasada (ver nota) sobre los detalles de un proceso de compra que hasta ese momento permanecía inexplicablemente en la oscuridad, amparado en el limbo legal creado por la intervención del PNUD.

En efecto, si bien el PNUD/UNOPS realizó la compra con recursos del tesoro público, para ser aplicada en el Perú, su condición de organismo multinacional le permitió eludir la mayoría de exigencias para todo proceso de compra pública.

Lo que no pudo eludir del todo es la intervención de la Contraloría General de la República, aunque intentó hacerlo.

Según ha podido averiguar IDL- SC cuando la CGR pidió participar en la veeduría del proceso, la UNOPS la autorizó a estar presente únicamente en la apertura pública de propuestas (realizada el lunes 21 de enero del 2008), pero indicó a los contralores que “para efectos de preservar la reserva y confidencialidad no era posible la participación de la Contraloría General en la etapa de la calificación de propuestas”.

Esto terminaba de colocar a todo el proceso en una inquietante situación de extralegalidad. Se hacía en el Perú, con fondos peruanos, para aplicación peruana, pero sin regirse por las leyes peruanas.

Por lo pronto, el contralor general, Genaro Matute, no estuvo muy de acuerdo. El 21 de enero, Matute remitió un documento al jefe residente de la UNOPS indicando que era inaceptable el “limitado rol asignado por la UNOPS” a su institución. Señaló que debía tenerse en cuenta que la adquisición de patrulleros utilizaba recursos públicos como fuente de financiamiento.

De hecho, luego del proceso de compra, la CGR remitió un oficio a UNOPS y al Ministerio del Interior dando cuenta de los hechos detectados por la Contraloría, que “puedan afectar la transparencia, la probidad o el cumplimiento de la norma correspondiente”. IDL-SC ha podido obtener una copia de esas observaciones.

A continuación, algunas de ellas.

• De acuerdo con la CGR, no existen mecanismos que respalden al Ministerio del Interior en caso de incumplimiento de la Garantía Técnica. Por ejemplo, según el contrato, las empresas ganadoras (Nissan y Mitsui Automotriz) emitieron una carta fianza de cumplimiento de contrato con una vigencia de solo 30 días. Según la Contraloría se puede advertir que “una vez se cumpla el plazo de vigencia de la carta fianza no se ha previsto mecanismos u otros instrumentos a los que pudiera recurrir la entidad en caso de incumplimiento por parte del proveedor”. Si bien es cierto que, como anota la Contraloría, el contrato establece una garantía técnica del vehículo hasta los 100 mil kilómetros o 36 meses de uso, no queda claro cómo el Ministerio del Interior podría exigir su cumplimiento, si la carta fianza tiene una vigencia de 30 días.
• El documento añade que “… no se ha previsto el procedimiento y las instancias que (el Ministerio del Interior y, más específicamente, la PNP) deben seguir para hacer valer sus derechos”.
• La CGR alerta que al ser una licitación realizada bajo normas de UNOPS, el contrato que surja de la licitación pública internacional no estaría comprendido dentro del marco legal de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y, en consecuencia, no resultaría posible que el Tribunal de Consucode pueda hacer efectiva una sanción contra los proveedores que incumplan el contrato.

IDL-SC intentó entrevistar sobre estas observaciones a funcionarios del Ministerio del Interior y del UNOPS/PNUD. En ambas instancias hubo negativa a responder las preguntas sobre un tema que –como ha sido reiteradamente dicho- debe haber el máximo grado de transparencia, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de los procesos anteriormente abortados por escándalos de posible corrupción.