La iniciativa, lanzada por la ministra de Justicia, Rosario Fernández, de promover la privatización de los penales en el país, causó un debate que, en lo que concierne a la ministra, solo se podía admitir un tipo de opinión: a favor.

El primero en enterarse de las reglas ministeriales fue el hasta el viernes pasado presidente del INPE, general PNP (r) Gustavo Carrión. Este veterano oficial, con una larga experiencia en el manejo de prisiones, opinó en contra de la privatización. Poco después, el viernes 1 de febrero, Carrión recibió una llamada de la ministra Fernández.

“Me llamó y cuestionó el hecho de que haya dicho cosas contrarias a las que ella estaba diciendo sobre la privatización de los penales. Le dije que había que tomar con mucho cuidado el tema de la privatización y no hacer de ello un dogma. La ministra respondió que estaba en otra línea y que, entonces, era preferible dar por agotada la designación. Le dije que no había ningún problema y que ella tenía todo el derecho de tener el margen de maniobra para llevar a cabo las reformas que tiene previstas. Al cabo de veinte minutos de haber terminado la conversación, le envié mi carta de renuncia por fax”. (ver carta)

Sin embargo, esa noche el ministerio de Justicia sacó un comunicado dando por concluidas las funciones de Carrión. Varios medios de prensa, cuyo primer contacto en el ministerio es el funcionario Jaime Chincha, presentaron el cese como una destitución.

El general (r) Gustavo Carrión Zavala fue hasta el viernes jefe del INPE

Un día antes se había hecho pública la lista de los miembros de la comisión encargada de evaluar el posible proceso de privatización de los penales.

Varios de los nombres en esa comisión hacían tan previsibles sus recomendaciones, como si se les consultara el estilo de corte de cabello a los hare krishnas. En efecto, el presidente de la comisión es Gonzalo Prialé y uno de sus miembros destacados, es Fritz Du Bois. Tanto el uno como el otro, ya que hablamos de hare krishnas, tienen a la privatización como mantra para toda hora, lugar y uso. En el caso de Du Bois, que trabaja como periodista en El Comercio, parece que no hubo mayor preocupación por el conflicto de intereses que representa esta comisión con la labor periodística.

De acuerdo con lo que IDL-SC ha averiguado, hubo hasta ahora tres reuniones de cuerpo presente y varias virtuales, bajo la premisa, como dijo uno de los participantes, de “buscar alternativas para tercerizar”.

El aspecto penitenciario es una de las partes más importantes en el proceso de seguridad pública. Si no funciona bien, los efectos se sentirán en todos los ámbitos de la seguridad: el policial, fiscal, judicial, y sobre todo en la calle. Suele ser, sin embargo, uno de los menos analizados y de los más olvidados en la gestión pública, excepto cuando algún motín carcelario o alguna tragedia humana vinculada con el encierro, lo ponen brevemente en la atención pública.

¿Significa eso que la privatización de las prisiones es la solución automática frente a la desidia estatal? No necesariamente. Pero, para tener una opinión informada sobre el tema, conviene repasar los datos fundamentales y frecuentemente paradójicos de la realidad carcelaria peruana.

En el Perú, hay 41 mil 546 presos, según datos del INPE en diciembre pasado. De ellos, 38 mil 666 son hombres y 2 mil 880, mujeres.

De los presos, 27 mil 568 están en proceso y solo 13 mil 978 sentenciados.

Las cárceles peruanas, como se sabe, son notoriamente hacinadas. La peor es Lurigancho, cuya capacidad es de 3 mil 204 presos, que alberga malamente a cerca de diez mil (9 mil 597).

El narcotráfico es la causa del encierro de una cuarta parte de la población penal (10 mil 472 presos, de los cuales solo 3 mil 368 tienen sentencia).

Una cantidad ligeramente mayor de personas está presa por robo agravado (11 mil 632 personas) de las cuales, apenas 2 mil 825 están sentenciadas.

Sin embargo, el Perú tiene una población penitenciaria relativamente baja en relación con la de otros países. Así por ejemplo, Chile tiene 72 mil 316 presos, en un país de cerca de 17 millones de habitantes. Comparativamente, más del doble de los que tiene el Perú. Brasil, con una población penal de 331 mil 457 presos, tiene algo más de 188 presos por cien mil habitantes.

Estados Unidos tiene a una parte nada desdeñable de su población bajo rejas. Dos millones 245 mil personas estaban en prisión en junio del 2006. De otro lado, Venezuela, que tiene una población penal comparativamente baja, (19 mil 758 en una nación de algo más de 27 millones de habitantes) padece de uno de los peores índices de criminalidad e inseguridad ciudadana en el hemisferio.

“La realidad es que hay más gente que tendría que estar presa y hay gente presa que debe salir”, dice un funcionario de penales con larga experiencia en el tema, “en diez años tendremos una población penal de 68 mil personas y necesitaremos por lo menos 7 penales más y 20 mil plazas adicionales en todo el país”.

¿Habrá que privatizar esos penales y los existentes para solucionar sus problemas?

Veamos. El objetivo de la empresa privada en el manejo de prisiones es la ganancia por el cuidado de los presos. Su cliente solo puede ser el Estado. Y así, la única ventaja comparativa de la empresa privada es su posible eficacia con mayor ahorro.

Pero, si el Estado le paga a la empresa privada lo que ahora da, por ejemplo, al INPE para la alimentación de cada preso, ni Bill Gates podría gerenciarlo. Actualmente, el INPE dispone de 3 soles 50 para la alimentación diaria de cada preso. ¿Qué empresa podría alimentar aceptablemente a los presos y a la vez ganar con esos precios? Por supuesto que ninguna. La única solución sería la de cobrar más.

Eso fue lo que pasó en Chile donde, según Carrión el costo del mantenimiento por preso, después de la privatización parcial de algunos penales, subió de once dólares a treinta y cinco dólares por día.

Si la privatización supondrá, con seguridad, un mayor costo por el mantenimiento de cada preso, ¿por qué no examinar la alternativa de aumentar el presupuesto del INPE en cantidades comparables? Al fin y al cabo, la experiencia demuestra que las entidades estatales que disponen de los medios adecuados (Sunat, SBS, por ejemplo), funcionan con eficiencia.

Administrar prisiones con fines de lucro supone potenciales conflictos de interés, además del factor moral. “Me parece perverso” dice Carrión “que se pretenda comercializar la pérdida de libertad de las personas cuando es una responsabilidad del Estado reprimir, primero, y luego resocializar”.