Hay quienes piensan, sobre todo en el entorno del alto mando policial, que les ha caído encima una racha de mala suerte.

Porque, luego del eficiente despliegue de seguridad durante la cumbre del ALC-UE –que sin duda contribuyó al alza en el índice de aprobación del Gobierno-, la masiva intervención policial en el Callao (que si no fue particularmente exitosa en lo operativo, dio la sensación de imposición de autoridad), y la generosa campaña publicitaria de la Policía, sin contar las celebraciones por el primer aniversario del exitoso operativo de Santa Anita, era de esperar una sustantiva mejora en la aprobación pública de la PNP y, de pasada, del ministro del Interior, Luis Alva Castro.

En cuanto a Alva Castro, no hay mucho que hacer. Continúa siendo el ministro con más bajo nivel de aprobación entre sus colegas. En la última encuesta del GOP de la Universidad de Lima, Alva Castro obtuvo el 26% de aprobación, frente al 55% de Mercedes Araoz, el 58% de Susana Pinilla, e incluso el 35,9% de Luis Carranza. Hasta ministros de anoréxica popularidad como Hernán Garrido Lecca, lo superan cómodamente con un 34,7%. Aquí parece que estamos ante un destino manifiesto.

Pero el comando policial tenía la expectativa de proyectar una imagen de eficiencia y agente de orden social, que le permitiera acrecentar significativamente su aceptación pública.

Entonces, las controversias y revelaciones vinculadas con el proceso de ascensos, cuyo factor central ha sido la resolución judicial que ordena el ascenso del coronel PNP Juan José Santiváñez, abrió no una olla sino una paila de grillos, de donde salieron a luz los numerosos casos de ascensos incompetentes, incomprensibles o irregulares, perversamente complementados por acciones judiciales no menos cuestionables.

En la nota, “el mérito del dedo”, publicada en enero de este año, IDL-SC observó que los ascensos a general de la PNP estuvieron signados “por la elección a dedo antes que por el mérito profesional”. Incluso se observó que “la resolución publicada en El Peruano en su edición extraordinaria en la tarde del 31 de diciembre, grafica muy bien la improvisación y el apuro en los ascensos. Mientras que los 14 primeros, de la lista original, están en orden alfabético, los últimos son consignados en la cola de la lista (Ver resolución de El Peruano)”.

En la perspectiva de varios meses, puede decirse que el proceso de ascensos de este año resultó negativo en cuanto a lograr la meta de estimular el mérito y la eficiencia policiales, para fortalecer de esta manera a la institución promoviendo a los mejores y dejando atrás a los menos aptos.

Como IDL-SC observó en esa y en varias ediciones sucesivas, se cometieron en ese proceso algunas injusticias de tal magnitud que no solo dañaron a los afectados sino a la institución en su conjunto. El caso más notorio e indignante, si se quiere, fue la postergación del coronel PNP Luis Valencia Hirano, cuya notable dirección de las acciones antiterroristas en el Huallaga, contribuyó significativamente a que la iniciativa estratégica esté ahora en manos de las fuerzas de seguridad. Valencia Hirano no fue ascendido, y la justificación que dieron algunos burócratas uniformados, cuyas mayores campañas policiales han sido la de correr entre uno y otro escritorio, pugnando por sinecuras y privilegios, fue que Valencia Hirano no había completado el curso en el CAEN o en el INAEP. En efecto, no lo hizo, puesto que estuvo dedicado a las acciones contra el senderismo. Pero, ninguno de estos esgrimidores de sellos y resoluciones pudo explicar convincentemente cómo fue ascendido, por ejemplo, el hoy general PNP Ántero Huaroto, quien tampoco cumplió ninguno de estos requisitos.

Casos de excelentes coroneles postergados, como Valencia Hirano, hubo varios; y hubo otros varios también de policías de mérito dudoso que sí fueron promovidos al grado de general. Los resultados, en ineficiencia y disminución de los niveles policiales, eran de esperar.

Los ascensos chuecos promovieron una ola de demandas de oficiales postergados. Esto acentuó lo que gradualmente se ha constituido en una forma perversa de cogobierno de la Policía, especialmente en cuanto a ascensos: la demanda judicial que termina en resoluciones que se arrogan la función del mando policial, del ministro del Interior y hasta del presidente de la República.

IDL-SC considera que este tipo de resoluciones judiciales, como la que ordena ascender al coronel PNP Juan José Santiváñez, no solucionan sino agravan el problema de la ineficacia y la corrupción en los ascensos.

Está claro que las instancias fiscalizadoras y reguladoras de las acciones del Ejecutivo, fundamentalmente el Poder Judicial, pueden observar, sancionar y hasta anular procesos evidentemente corruptos o ilegales. Pero lo que no pueden hacer es asumir las funciones de quien están juzgando o regulando. Terminar con una multitud de jueces convertidos en mini-ministros del Interior o mini-presidentes de la República es un camino seguro al caos funcional. El Gobierno, a juicio de IDL-SC, ha hecho bien en oponerse, aunque tardíamente a este abuso del amparo judicial, que ha producido algunos casos verdaderamente antológicos, como el del capitán PNP Félix Olivares Valle, que, como informa La República el 6 de junio, fue ascendido judicialmente hasta el grado de teniente general PNP (saltándose los grados de mayor, comandante, coronel y general) con todos los privilegios del grado, -auto nuevo, combustible y mayordomo- gracias a la decisión de un juez de Bagua que, increíblemente, fue consentida por el Gobierno pasado.

La solución obviamente no está en crear un archipiélago de poderes paralelos que usurpen la función del legítimo, por ineficaz que este sea. La solución debe consistir en ejercer eficazmente la acción reguladora dentro de sus límites, mientras se presiona para que se ejecuten las reformas necesarias en el nivel político e institucional.

El hecho es, además, que hay multitud de vacíos legales en las normas que rigen el proceso de ascensos. “No hay ley que regule cuáles son los requisitos… no hay reglas estables” dice un coronel PNP que recientemente dejó el servicio activo, hastiado y asqueado por lo que él considera una evolución al revés: “la supervivencia institucional del más vivo o el más sobón y no del más apto”. Otros oficiales hablan de la falta de una ley de plan de carrera policial.

Puede ser. Las leyes y reglamentos precisos ayudan a evitar favoritismos y discriminaciones. Pero lo crucial es la filosofía que los anima. Poner énfasis excesivo, por ejemplo, en el valor de los diplomas y certificados de estudios diversos en disciplinas no policiales, puede crear una generación de recolectores de diplomas, que se traducirán en puntos para el ascenso, a costa del desempeño policial. Toda norma de ascensos debe darle la mayor importancia a las actividades propias de la función, sobre todo las que culminan en buenos resultados o incluso en hazañas policiales. Si no, terminaremos con muchos abogados, contadores y administradores de empresas con uniforme, pero con muy pocos policías. Es necesario tener policías ilustrados, pero sobre todo en el ámbito policial.

Accidentes.-A lo largo de los últimos meses, IDL-SC ha informado sobre lo que es una epidemia silenciosa dentro de la Policía: los accidentes letales por negligencia o desconocimiento en el manejo de las armas de fuego. (Ver La trágica falta de entrenamiento, Epidemia de accidentes, Muerte en Aramburú, Revólveres en el camposanto, Se escapa un disparo y 'Piero' escapa).

Esta ‘trágica falta de entrenamiento’ en lo que es y debe ser una de las más básicas e importantes aptitudes funcionales, no solo convierte al policía en un peligro para sí y para los demás, sino provoca lo que a estas alturas es ya una trágica cosecha de accidentes mortales.

En la entrevista que le hizo La República al ministro Alva Castro, el 26 de mayo, éste afirmó que la Policía “está muy bien entrenada y permanentemente es capacitada y hace ejercicios…. Las practican [tiro] permanentemente”.

Eso es falso. La mayor parte de la Policía no practica tiro nunca, tal como múltiples fuentes policiales han revelado a IDL-SC. Tampoco practica ni entrena en las otras destrezas cruciales que exige el manejo de las armas de fuego, sobre todo las rutinas y protocolos de seguridad. Los únicos que practican tiro con alguna regularidad son los miembros de Dinoes; y los que sí son muy buenos y diestros son los del SUAT. Pero esta es una unidad de élite de muy pocos policías. Excepcionalmente, algunos jefes competentes instan a sus subordinados a practicar. La inmensa mayoría no lo hace nunca, ahora ni siquiera para el examen de ascenso.

La diferencia entre el entrenamiento responsable en el manejo de armas de fuego y su ausencia, es la de la vida y la muerte de inocentes. La necia negativa a reconocer este abismal defecto provocó la muerte de otros dos policías, esta vez en Los Olivos, el 5 de junio.

Si la primera versión de los hechos es la correcta, la muerte de los suboficiales Ronny Francia y Miguel Quispe ilustra la gravedad del problema. Según dicha versión, el suboficial Pablo Poma Cornejo los mató accidentalmente, de un solo balazo, al desenfundar en forma descuidada su revólver Smith & Wesson de calibre 38 especial, cañón largo y serie AVV-2052. Peritos policiales indican que Poma guardaba el revólver en una funda demasiado grande y que al desenfundar disparó accidentalmente el arma, cuyo balazo atravesó el pecho de sus dos compañeros.

Al margen de lo extraño de la trayectoria balística, todo aquel que haya disparado un revólver, especialmente el S & W 38 especial, sabe que para dispararlo hay que apretar con cierta fuerza el gatillo para lograr la doble acción del martillo que culmina en el disparo. Solo alguien que tenga un desconocimiento completo en el manejo de un revólver pudo haber tenido un accidente así, si la versión policial resulta siendo correcta.

Frente a esta verdadera epidemia de accidentes mortales, junto con otras instancias de mal uso del arma, IDL-SC considera que la Policía debe tomar acciones de emergencia para hacer frente a este letal problema. El principio debe ser que solo porte arma quien esté preparado y constantemente entrenado en su manejo y en sus protocolos de seguridad. Si hay plata para millonarias campañas de publicidad, ¿cómo es que no la hay para ese básico, esencial entrenamiento de la función policial? Este no es un asunto de papeletas sino de vidas humanas.