
El tibio aplauso aprista que recibió a Luis Alva Castro al iniciar su presentación en el Pleno del Congreso fue el augurio del resultado. Al final, y después de siete horas de explicaciones, el ministro del Interior no convenció a la mayoría de legisladores y quedó en la incómoda posición de aguardar que la oposición no reúna los votos suficientes para censurarlo.
Alva Castro no logró convencer a sus colegas ni al anunciar que en las próximas adquisiciones, y en especial en la de patrulleros, el ministerio designará un comité para las adquisiciones –en el que haya veedores de la Contraloría y la Comisión de Fiscalización–, y que las compras se harán a través de contratos de gobierno a gobierno.
La presentación de la censura ni siquiera aguardó a que el ministro culminara su exposición. A las 3:12 de la tarde, el documento respectivo fue entregado en la Mesa de Partes con 42 firmas de legisladores de las bancadas de Unión Por el Perú (UPP), del Partido Nacionalista (PN) y de Alianza Parlamentaria.
Los congresistas del APRA, con Mauricio Mulder a la cabeza, se percataron de esta irregularidad y de inmediato pidieron que la moción se declarara improcedente, porque no había seguido el trámite establecido en el Reglamento del Legislativo. Mulder sostuvo, además, que el documento era nulo porque entre las firmas que lo respaldaban estaba la del congresista Aldo Estrada (UPP), quien no había participado de la sesión puesto que esa misma mañana había viajado al Cusco.
El legislador Álvaro Gutiérrez (UPP) reconoció que entregó el documento antes de tiempo, pero señaló que de ningún modo eso configura una irregularidad. Carlos Bruce, de Alianza Parlamentaria, afirmó que si hubo un error este se subsanó a tiempo y que la moción de censura es válida. En tanto, Cayo Galindo, del PNP, dijo que si la actual moción de censura no procede presentarán una nueva.
Pero más allá de si el documento se entregó antes o después de tiempo, la prioridad para los miembros de la oposición fue la tarea de asegurar los votos para conseguir la censura. Hasta el momento se tienen las siguientes adhesiones: 23 votos del Partido Nacionalista, 19 de UPP y nueve de Alianza Parlamentaria. Unidad Nacional (12 votos) y los fujimoristas (13 votos) no han decidido aún si apoyarán o no la censura. Lo cierto es que la censura es ya una firme posibilidad. El legislador Luis Galarreta, de UN, ha dado un ultimátum: Si el ministro no saca a los funcionarios corruptos y responsables de las irregularidades se apoyará la censura. Con esto, se llegaría a 65 votos, siete más de los que se necesitan para pedir la salida de Alva Castro del gabinete.
CON SU EQUIPO
Eran las 9:30 de la mañana cuando empezó la sesión plenaria, con solo 60 parlamentarios presentes, 15 de ellos del APRA. Fuentes de Interior informaron a IDL- SC que Alva Castro estuvo trabajando en su presentación, en su despacho de Córpac, hasta las 8 de la mañana junto a la plana mayor del ministerio y la Policía Nacional. Algunos miembros de este equipo, como el jefe del gabinete de asesores, José Abramovitz; el director general de la Policía, David Rodríguez Segeu, y el director de Logística de la PNP, Dalmacio Zambrano lo acompañaron al Congreso y le dieron su apoyo moral desde la Sala Jorge Basadre.
Fue, tal vez, por ellos que, desde el principio, el ministro volvió a defender la licitación y negó que se hubieran cometido irregularidades, al señalar que esta se ajustó a las disposiciones legales vigentes. Luego, se refirió a la adquisición sobrevaluada de pertrechos antimotines para la Policía, la que justificó con el argumento de un presunto desabastecimiento. Alva Castro dijo que todos estos procesos se realizaron de acuerdo a ley y prueba de ello es que la Contraloría General de la República no ha determinado responsabilidad.
LAS RESPUESTAS
Luego de la exposición del ministro se inició el debate. El que tomó primero la palabra fue el congresista Álvaro Gutiérrez (UPP), quien consideró insatisfactorias las respuestas de Alva Castro. Luego, Lourdes Alcorta (UN), quien le exigió revelar los nombres de los "corruptos" del sector y, tras ella, Víctor Andrés García Belaunde (AP), quien sostuvo que Alva Castro repitió los mismos argumentos que esgrimió en oportunidades anteriores en la comisiones ordinarias.
Los apristas volvieron a cerrar filas en torno de su ‘compañero’ y destacaron su labor al frente del ministerio. Por ello, criticaron a las bancadas de oposición por cuestionar las compras de patrulleros y pertrechos con argumentos insuficientes y con una presunta intencionalidad política.
“Asumo mi responsabilidad, pero no puedo admitir que se reduzca la lucha contra la delincuencia a la compra de 600 o 800 patrulleros. Los vehículos con los que hoy cuenta la policía están en actividad”, se defendió Alva Castro.
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