El ministro del Interior Luis Alva Castro ha señalado que a partir de ahora encargará al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la adquisición de los patrulleros que él no pudo comprar.

Pero no es el PNUD sino la UNOPS (la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas) la que se encarga de manejar adquisiciones por encargo de los gobiernos. Y lo hace, generalmente, cobrando un porcentaje del costo total del proceso –que suele ser del 3.5%.

La participación de la UNOPS en procesos de compra no tiene, sin embargo, un record óptimo en el Perú. A continuación, dos casos en los que UNOPS ha participado y en los cuales hubo más de un problema:

-Equipos para el sector Interior: En noviembre de 2002, el entonces ministro del Interior, Gino Costa, encargó a la UNOPS la compra de equipos informáticos y de telecomunicaciones, así como la reparación de aviones, por un monto de 8 millones de dólares. Cuando Costa salió, en enero del 2003, UNOPS no había concluido la adquisición. Su sucesor, Alberto Sanabria, alargó el proceso al modificar los objetos de compra. En agosto de ese año, con Fernando Rospigliosi de nuevo en el Mininter, se reencauzó la adquisición a los productos originales. UNOPS observó los cambios y todo eso retrasó aun más las cosas. Se fue Rospigliosi, al cabo de seis meses, y entró Javier Reátegui y no se había comprado ni equipos informáticos ni aparatos de telecomunicaciones ni nada. El peruposibilista decidió que no, que mejor se compraba radios para la Policía y eso, finalmente, fue lo que UNOPS hizo. Habían pasado 16 meses. Es cierto que la culpa no fue del organismo internacional –buena parte fue del gobierno toledista que ‘quemaba’ a sus ministros o los inducía a la autocombustión y, sobre todo, cambiaba políticas y objetivos–, pero también es cierto que la UNOPS pudo haber hecho mucho más para dinamizar el proceso.

-Penal de Piedras Gordas: Por encargo del INPE, la UNOPS se hizo cargo de ejecutar el proyecto de construcción de ese penal de máxima seguridad. Y si bien el 23 de agosto del 2004 lo entregó al organismo penitenciario, este hasta el momento no ha dado su conformidad a la obra. Sucede que, de acuerdo a un informe de la Oficina General de Infraestructura del INPE, se han producido grietas y filtraciones en algunos pabellones de Piedras Gordas, lo que podría significar problemas estructurales en la construcción. El INPE ha pedido a la Universidad Nacional de Ingeniería que efectúe un informe del penal, y no se descarta que lleve el caso a un arbitraje. Según fuentes consultadas por IDL-SC, las autoridades penitenciarias están a la espera de que la Contraloría General de la República concluya su acción de control sobre la licitación y la ejecución del proyecto, pero ya ha trascendido un aparente hecho irregular: la empresa que diseñó el penal es la misma que supervisó la construcción.

Voceros de la UNOPS se excusaron de dar detalles sobre lo que ocurrió en estas compras y construcciones. Tampoco quisieron adelantar sobre el proceso que seguirá la nueva adquisición de patrulleros para la Policía. Dados los plurales antecedentes, deberían hacerlo.

EN LAS MISMAS MANOS

Además, hay que tener presente que, si bien UNOPS conducirá el proceso de compra, serán funcionarios del Ministerio del Interior quienes definirán la ficha técnica y las especificaciones de los vehículos. Esa es una vieja fuente de problemas, porque se pueden definir estas especificaciones para favorecer a una empresa en particular. UNOPS, a lo sumo, podrá efectuar algunas observaciones pero, ciertamente, su campo de acción será bastante limitado.

Como se dijo también, el organismo internacional no efectuará esta tarea gratis, sino que cobrará una comisión que suele ser el valor del 3.5% de la obra. Para hacernos una idea, precisemos que si UNOPS hubiera manejado la frustrada compra de los patrulleros chinos –que tenía un costo de 36 millones 780 mil 346 soles–, habría cobrado una comisión de 1 millón 287 mil 312 soles.