Entonces, si no estuvieron ni Pollack ni Toledo ni Zegarra en el lugar de la presunta orgía; y si en el lugar tampoco hubo ninguna reunión, ni orgiástica ni conventual ni nada, ¿qué pasó?

¿Se trató de una simple calumnia, una delusión paranoica, una patraña montada, o una combinación de lo anterior?

¿Por qué la policía de la comisaría de Orrantia del Mar actuó tan mal?

¿Por qué luego la PNP y el fiscal han actuado con tanta lentitud y desánimo investigativo?

Por lo pronto, podemos adelantar algunas cosas:

Diana Arévalo tomó el taxi conducido por José Silva Vílchez (el Toyota Corolla SCJ-715) en la esquina de Huáscar con Olaechea, según el parte del serenazgo.

¿Si no salió de la oficina de Pollack, como parece, de acuerdo a los indicios, de dónde salió?

En todo caso, ahí arrancó otra maraña, que seguiremos intentando desenredar en la próxima entrega.

Esos fueron los párrafos finales de la entrega anterior sobre la pesquisa de orgías que, por lo menos en este caso, tiene el claro viso de haber sido imaginaria.

IDL-SC ha continuado investigando el caso y aunque no ha logrado todavía responder a todas las preguntas que plantea la pesquisa, si tiene algunas novedades.

Los policías de la comisaría de Orrantia del Mar investigados por Inspectoría de la PNP por el caso, son cuatro: el mayor PNP Carlos Villacorta, el capitán PNP Guido Feria, el alférez PNP Marco Sullca y el suboficial PNP Rubén Chávez.

Tres de ellos tienen el mismo abogado defensor.

Se trata de Edmundo Inga Garay, abogado de Feria, Sullca y Chávez. El abogado Inga es conocido, según él mismo indica, como defensor de causas difíciles. Entre sus asesorados han estado o están el sutepista Robert Huaynalaya, los imputados por el asesinato del alcalde de Ilave y el dirigente cocalero Nelson Palomino.

Otro notorio cliente de Inga Garay es Antauro Humala. Lo interesante en este caso es que el congresista que hizo la denuncia contra Toledo es Gustavo Espinoza, la persona más cercana a Antauro Humala en el Congreso, propiciador de una amnistía en beneficio de éste. El defensor congresal, además, está perfectamente al tanto de la actividad del defensor legal en este caso. Es decir, que dos personas que colaboran en un caso notorio y sumamente contencioso de la vida política, están vinculados tanto con el testimonio de Diana Arévalo como con el de los policías que la recibieron en la comisaría de Orrantia.

Pese a esa coincidencia, Inga Garay sostuvo que en la investigación a sus defendidos, “hay una mala interpretación de la ley, le quieren tirar la quincha al mas débil”. Dio, además, lo que calificó como una “primicia” a IDL-SC: “la primicia que les tengo –dijo- es que la chica además de estar ebria, le sangraba la nariz, es decir que había ingerido substanciasprohibidas por la ley”.

Otro detalle de posible importancia en las confusas versiones de lo que acaeció en la comisaría de Orrantia en la madrugada del 19 de setiembre, es que la madre de Diana Arévalo no fue la primera en llegar a verla. Antes de ella llegó su amiga Roxana Salazar Vásquez, que se identificó con el DNI 09746808.

Salazar llegó en una camioneta Honda verde petróleo de placa TGM 178 y señaló que su domicilio se ubicaba en la avenida Aviación 2340- departamento 405. Ella dio lo que se da en llamar “sus generales de ley”, y luego de decir que su amiga “siempre arma escándalos cuando toma”, se retiró de la Comisaría. Después llegó la madre de Arévalo, que logró persuadir a los policías de que la dejen ir con ella, sin pasar por ningún examen ni aguardar la llegada del fiscal. Esa omisión, y el no poder explicar por qué ingresaron la incompleta denuncia en el cuaderno de “ocurrencias reservadas” es lo que tiene a los policías bajo investigación, con una alta probabilidad de ser dados de baja.

El hecho es que la investigación policial, y la fiscal, se distinguen hasta ahora por una excepcional lentitud y, en el caso de la Policía, un vehemente apego a lo formal. Esto contrasta, sin duda, con la velocidad con que la misma policía resuelve casos mucho más complejos pero donde figuran –directamente y en el trasfondo- otros personajes.

El testimonio de los escoltas del expresidente Toledo, por ejemplo, ha sido puesto bajo una estricta reserva, pese a que puede servir en forma decisiva para aclarar las imputaciones de Arévalo. IDL-SC se comunicó con el jefe de Seguridad del Estado, general PNP, Mauro Remicio, y luego con el propio director general de la PNP, general David Rodríguez Segeu para pedir a ambos el contenido de las declaraciones de los escoltas. La respuesta fue negativa, bajo la justificación de que el caso se encuentra ya bajo la investigación del fiscal César del Pino. Sin embargo, del Pino indicó el viernes 19 a IDL-SC, que no le había llegado ninguna declaración ni documento de Seguridad del Estado. Del Pino, de paso, un fiscal con 44 años de servicio, no parecía tener mayor apuro en profundizar la investigación. Dijo a IDL-SC que si Arévalo no ratifica su denuncia, no habría caso.

Sin embargo, IDL-SC ha podido obtener parte de la declaración del mayor PNP Juan Ruiz, jefe de la escolta de Toledo. Tanto Ruiz, como otros tres policías de la escolta, fueron llamados a Seguridad del Estado un día después de la denuncia pública de Espinoza.

Los efectivos están obligados a hacer un “parte diario de servicio” antes que pasen 24 horas de éste. El parte diario del 18 al 19 había hecho constar que la noche pasó “sin novedad”. Después de la denuncia, Remicio los llamó para “ampliar el parte”.

El mayor Ruiz declaró entonces que el “servicio”, que retornó ese día a la casa de Toledo en Camacho a “las 20:45” permaneció “hasta las 08:00 horas del día siguiente, no registrándose novedades de importancia” (haga clic para ver el documento). Los otros tres policías – dos de los cuales son Juan Zumba y Juan Castañeda- ratificaron por escrito y bajo firma el testimonio de Ruiz.

DL-SC continuará investigando el caso.