Luego de haberle visto el rostro a la defunción ministerial, el ministro del Interior Luis Alva Castro buscó revivir políticamente al presentar en público una investigación de la DIRANDRO sobre el movimiento financiero de las empresas constituidas por Fernando Zevallos Gonzales, que realizaron entre 1997 y 2001 operaciones bancarias por un monto de 461 millones de dólares.

Alva Castro aprovechó la conferencia de prensa para atacar al ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, a quien acusó de no haber hecho nada durante su gestión para investigar a Zevallos.

Paradójicamente, la investigación que presentó Alva Castro se inició durante el gobierno de Alejandro Toledo, en 2005.

Así, luego de un trabajo de dos años, la DIRANDRO ha reconstruido el conglomerado empresarial que armó Fernando Zevallos con dinero proveniente del narcotráfico y que comprometió a un total de 93 peruanos y 19 extranjeros, y comprendió a34 empresas nacionales y 32 extranjeras.

De acuerdo al informe, se incautó un hangar de Aero Continente valorizado en cuatro millones de dólares, 13 aviones de la misma firma valorizados en 26 millones 500 mil dólares, así como diversos inmuebles en Lima y otras ciudades del país. También se desbarataron diez empresas del clan que habían sido constituidas  en el rubro de aviación comercial, por un valor, según el optimista cálculo policial, de 36 millones de dólares.

El informe establece que entre 1994 y 2004 fueron compradas y traídas al país 35 aeronaves a través de ocho empresas off shore o de fachada,  para ser arrendadas a las empresas Aero Continente-Perú, Aero Continente-Chile y Aviandina. Detalla que algunas de las  empresas extranjeras comprometidas son AC Corporation SAC, Comunicando SAC, Transportes Chulucanas 2000 SA, International Airlines Investor, Palmair Holding INC, Millenium Airlines Acquisition, Interstar Aviation AVV, Sky Aviation AVV, Jet Aircraft Leasing AVV, Mas International Group SAC, y Editora Continente SAC, entre otras.

El reporte, que obviamente contó con la colaboración de la DEA, también revela además que el encargado de lavar estos activos en los Estados Unidos era el abogado norteamericano Stephen Freeman, quien manejaba legal y financieramente las empresas de Zevallos.  Las cerca de 30 empresas que se dedicaban al lavado del dinero  en el extranjero centralizaban sus transferencias en una cuenta abierta en el Espirito Santo Bank, de Miami - Estados Unidos, cuenta que entre 1997 y 2001 registró operaciones por la suma de 461 millones de dólares. 

Vea los informes. (1 y 2)