El ministro del Interior, Luis Alva Castro suma una nueva controversia a sus múltiples problemas. Sucede que la empresa israelí International Security and Defence Systems Ltd. (ISDS), ganadora de la licitación para la compra de 50 camiones portatropa, reclama el incumplimiento del contrato, firmado a inicios de año, por parte del ministerio del Interior.

El monto del contrato fue de 17 millones 479 mil soles. ISDS reclama un “grave daño económico” causado “por la decisión política del ministerio del Interior de desconocer obligaciones asumidas”.

IDL-SC buscó entrevistar al jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, José Abramovitz, que tuvo una participación importante en este asunto, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible hablar con él pese a múltiples llamadas hechas a su despacho.

La historia comenzó en noviembre del año pasado, cuando la empresa ISDS-International Security and Defence Systems LTD recibió la invitación del ministerio del Interior, entonces a cargo de Pilar Mazzetti, para enviar cotizaciones para la compra de 50 camiones portatropa. Este proceso de compra se realizó dentro del llamado shock de inversiones, en el cual hubo también la cuestionada y luego anulada compra de patrulleros Hyundai Tucson.

El proceso de selección abreviado tuvo el No. 008-2006-IN-OGA y fue normado por el Decreto de Urgencia No. 024-2006 (ver documento).

El acto público de apertura de sobres se realizó el 21 de diciembre de 2006 en el Ministerio del Interior. Se presentaron 6 empresas:

• Uro Vehículos Especiales, de España.
• Griffin Incorporated, de Estados Unidos.
• ISDS.
• Tractocamiones EIRL, de Estados Unidos, cuya propuesta no fue admitida por no presentar su inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores.
• Automotores Gildemeister Perú SAC, cuya propuesta tampoco fue admitida por no presentar una declaración jurada que se solicitaba en las bases.
• Dive Import (Mercedes Benz), que finalmente no entregó su propuesta al comité de selección.

Es decir, de las seis compañías que se presentaron, tres calificaron: Uro, ISDS y Griffin Incorporated. La oferta de ISDS resultó ganadora al ofrecer el 70 por ciento del valor referencial de los camiones portatropa, que era el mínimo que permitía la ley.

Ninguna de las otras empresas postulantes impugnó el proceso de adquisición ni de adjudicación de los camiones portatropa.

ISDS trabajo su propuesta con los técnicos de la fábrica Automotive Industries y de sus contrapartes peruanas, con el fin de elaborar un vehículo adecuado para el país, según fuentes vinculadas con la empresa.

El 28 de diciembre pasado, el Ministerio del Interior le confirmo a ISDS el “consentimiento de la buena pro” al no haberse interpuesto recurso impugnatorio y les invitó a acudir a la sede de Corpac a inicios de enero, para entregar la documentación requerida y firmar el contrato.

El 4 de enero, ISDS entregó los documentos. El 8 de enero, su gerente, Saul Mishkin firmó el contrato con los funcionarios de la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Ministerio. El 9 entregó las cartas fianzas requeridas: las garantías de fiel cumplimiento y por el monto diferencial de la propuesta, que ascendía a 3 millones 600 mil soles, que representa el 21 por ciento del valor total de la adjudicación.

Inmediatamente después, se firmó el contrato, luego del cual el ministerio debería suscribir una carta de crédito, que se efectiviza cuando se cumplen los requisitos contractuales. Además, se le entregó a ISDS, el certificado de usuario final por parte del Ministerio del Interior para el inicio de la fabricación y la exportación de los camiones portatropas.

Pero entonces se desató el primer escándalo de la compra de patrulleros, la salida de Mazzetti y el ingreso de Alva Castro al ministerio del Interior.

El nuevo ministro congeló el proceso y poco después hizo saber a ISDS que pensaba anularlo.

Los ejecutivos de ISDS trataron de reunirse con los nuevos inquilinos de Córpac. Pero recién a mediados de mayo lograron hacerlo.

El Jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, José Abramovitz

La reunión fue encabezada por el jefe del Gabinete de Asesores, José Abramovitz, quien les indicó que “el motivo de la reunión era para pedirnos que anuláramos el contrato de mutuo acuerdo” según una fuente relacionada con ISDS. Abramovitz dijo que habían irregularidades. Los de ISDS pidieron, según afirman las fuentes, que las indique.

En lugar de hacerlo, siempre según las fuentes, Abramovitz sostuvo que “mira no las tengo” pero, señalando el expediente, agregó “pero lo vamos a encontrar”.

Como queda escrito líneas arriba, IDL-SC trató reiteradas veces de entrevistar a Abramovitz, sin éxito.

Tras esa reunión, el gerente Mishkin recibió una citación de la policía anticorrupción, donde se le informaba que era investigado por la licitación de los portatropas.

Entonces, el presidente de ISDS, Leo Gleser sostuvo una cita con Abramovitz, en la que éste, siempre según fuentes vinculadas con ISDS, le pidió “rescindir” el contrato.

Gleser tuvo otra reunión, esta vez con el ministro Alva Castro y José Abramovitz. El ministro Alva le habría dicho a Gleser, de acuerdo con las fuentes, que “no podía seguir con ese contrato por que esto era un tema político”.

El dueño de ISDS le pidió a Alva Castro honrar el contrato dado que, dijo, ha cumplido con todos los requerimientos legales y técnicos. Añadió que le es imposible retirarse “porque se ha fabricado el 85 por ciento de los camiones portatropas”. La reunión terminó sin acuerdo alguno.

El 19 de julio, el Ministerio del Interior le envió a ISDS una carta notarial (005-2007-IN/0509) en la que se adjunta la resolución ministerial 04882007IN/0101 (ver documento) donde se declara nulo el contrato. Se afirma que el representante legal, Mishkin no estuvo en Perú cuando se firmó el contrato; que ISDS concertó el precio con Leviatán Co.; que hubo vicios en la conformación del Comité especial, el estudio de mercado, entre otros cargos.

También se ordenó al Procurador del Ministerio del Interior que realice las investigaciones y denuncias correspondientes contra los funcionarios de ISDS.

ISDS respondió encomendando a sus abogados la vía judicial. El primer paso ha sido pedir el proceso de arbitraje ante Consucode.

El tribunal arbitral ya se ha instalado. Lo preside Gonzalo García Calderón y también lo integran Carlos Alayza B. y Oswaldo Hundskpof.

Son varios millones de soles los que están en juego.

* Nota.- Gustavo Gorriti, director de IDL-SC, considera necesario informar que conoce a Leo Gleser, presidente de ISDS, desde hace más de 35 años, a través de la práctica del Judo. En consecuencia, Gorriti se ha inhibido de participar en la investigación de este caso y la redacción de esta nota, que ha estado a cargo de Paola Ugaz.