Luis Alva Castro sobrevivió la moción de censura en el Congreso. Pero imaginamos que no festeja.

Porque recibir 51 votos en contra y solo 30 a favor, junto con 10 quejosas abstenciones de los fujimoristas, que dejaron saber que le perdonaban la vida a regañadientes, no deja bien parado a ningún ministro. Si eso viene después de una semi-purga en el ministerio, que implícitamente reconoce la validez de los cuestionamientos que el ministro negó todos estos meses, la viabilidad de Alva Castro para seguir al frente de una cartera tan difícil como la del Interior es virtualmente nula.

Horas antes de la votación, el ministerio anunció que Nelly Rodríguez Cuzcano, la hasta entonces poderosa secretaria general del ministerio, había renunciado al cargo. Esa sí fue una noticia importante. En tanto Alva Castro ha sido un ministro más bien ausente, a quien se veía poco en su despacho; y dado que el viceministro Danilo Guevara estaba, en palabras de funcionarios veteranos “pintado en la pared”, ante la desconfianza de LAC, que lo consideraba persona de confianza del premier del Castillo, Rodríguez Cuzcano se convirtió en la persona que mandaba en el ministerio. Y lo hacía saber.

Según todas las fuentes consultadas, Rodríguez Cuzcano fue la persona que estuvo detrás de la abortadas compras de patrulleros chinos y de pertrechos antimotines.

QUÉ FUE LO QUE PASÓ

Nuevos datos que IDL-SC ha podido recabar sobre el intento de compra de pertrechos antimotines permiten reconstruir un proceso más que anormal.

Según testimonios recogidos por funcionarios del Estado, fue la Secretaría General la que ordenó todas las acciones para exonerar la compra del proceso de licitación, saltarse varias otras normas y darle la buena pro a Combined System INC.

Por ejemplo, el coronel Armando Mendoza García, jefe de la División de Abastecimiento de la Dirección de Logística de la PNP, ha revelado que se le ordenó hacer y aprobar un estudio de mercado que declaró como proveedor único a Combined System, en un solo día, el 18 de julio.

Mendoza no protestó ni observó ni murmuró. Obedeció. Convocado a la Secretaría General el 18 de julio, Mendoza recibió la orden de hacer el vertiginoso estudio de mercado y se puso a trabajar desde las oficinas de la secretaría general del Ministerio. Solicitó, vía correo electrónico, cotizaciones a ocho empresas. Sólo cuatro respondieron, tres intermediarios –Aerojet Inc, Infinite Trading Corp– y la fabricante Combined Systems.

El mismo 18 de julio, funcionarios de la Secretaría General, de Nelly Rodríguez, le ordenaron emitir además un informe para gestionar la exoneración de proceso de selección por la causal de "desabastecimiento inminente". Él así lo hizo, con el informe 13-2007-Dirlog-PNP-Divaba-Jef.

Paralelamente, siguiendo una tercera instrucción, Mendoza solicitó al director de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Estado Mayor General de la PNP la partida para la compra.

A la vez, se hacían también las gestiones a nivel del ministerio. Según se ha podido conocer, el mismo 18 de julio, Gonzalo Matta Paredes, director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Administración (OGA), mediante el informe DP 357, le preguntó al jefe de esta oficina, Niamey Balcázar Ramos, si tenía dinero en el presupuesto para la compra del material antimotines. Éste no tardó en responder –a través del oficio 1749-2007, dirigido a la secretaria general– que, en efecto, existían los recursos económicos suficientes para ese efecto. Rodríguez Cuzcano tenía para entonces ya en sus manos el pedido del general Dalmacio Zambrano Risco, jefe de Logística de la PNP, informándole sobre la "urgente necesidad" de adquirir el material y pidiéndole que la compra fuera exonerada del proceso de licitación.

Es decir, recursos de la PNP y de la OGA del ministerio del Interior fueron movilizados simultáneamente ese día –junto con los “estudios de mercado” y los diagnósticos de desabastecimiento- para arreglar la compra.

En la misma fecha, la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, María Elena Juscamaita, le indicó a Nelly Rodríguez que era posible declarar el "desabastecimiento inminente" de pertrechos antimotines. Solo de esta forma se justificaba la compra directa exonerada de licitación.

¿Había “desabastecimiento inminente”? Todo indica que no. En julio de 2006, el entonces director general de la PNP, general Luis Montoya ordenó “hacer un censo” de las existencias de material antimotines. Encargó la misión al entonces director ejecutivo de Operaciones Policiales, general PNP Luis Vizcarra. Este ordenó una verificación del “stock” a todas las direcciones territoriales de la PNP a nivel nacional. El resultado: Había 70 mil bombas lacrimógenas (entre proyectiles para escopetas lanzagranadas y bombas de mano). Según Montoya, “todas estaban operativas”.

Fue ese informe el que sirvió de base para decidir no efectuar compras de pertrechos antimotines en ese momento.

Ciertamente que entre julio de 2006 y julio de 2007, se reventaron algunos cientos de bombas lacrimógenas. Pero todo indica que su reemplazo, o incluso el incremento de la existencia, se podía hacer sin ningún apuro mediante un proceso regular, es decir, competitivo, de compras.

Funcionarios con experiencia en acciones de control, indican que el solo plazo para la entrega del material, de 120 días, era más largo que el que tomaría una compra normal. Según esos funcionarios, dicho plazo desmiente por sí mismo la “urgente necesidad” de paliar en forma inmediata una supuestamente apremiante situación de desabastecimiento.

Los mismos funcionarios indican que el monto por el que se intentó hacer la compra es desproporcionadamente alto para una situación de emergencia. “Si vas a hacer una compra de emergencia, compras para un mes, no para un año. Para los once meses restantes, licitas”, dice uno de esos funcionarios.

Sin embargo, se movilizó todos los resortes del ministerio para justificar y ejecutar una adquisición directa y excepcional, por 10 millones 305 mil 920 soles. Es decir, algo más de 3 millones de dólares al cambio actual.

¿Y cuánto se iba a ahorrar con esa compra super exonerada? Todo indica que se iba, más bien, a pagar sobreprecio.

Como se sabe, Alva Castro y sus funcionarios indicaron que no se podía comparar los pertrechos de Combined System con los de otras compañías, por haber diferencias de calidad entre ellas.

¿Pero qué tal comparar a Combined System con sí misma? Eso es lo que han hecho algunas autoridades reguladoras, según ha podido averiguar IDL-SC.

Dichas autoridades compararon los precios de venta de Combined System para las agencias estatales en Estados Unidos con los precios referenciales de las bases del Ministerio del Interior para los mismos tres tipos de municiones. Además Combined System hace un descuento del 30% por venta al por mayor. Las cifras son contundentes. (Ver la oferta de Combined System)

Es decir que, en el mejor de los casos, se pagaba un sobreprecio del 30% sobre el monto de 10 millones de soles. No se necesita ser ni un matemático ni un gran detective para saber lo que eso significa.

Pese a la evidente irregularidad de todo el proceso, la Secretaría General presionó al máximo para culminarlo en algunas horas.

Toda la documentación terminó de reunirse a las 6 de la tarde del 19 de julio. Tres horas antes, a las 3.13 p.m. el Mininter solicitó la inscripción de la firma Combined System INC como proveedor de bienes al Estado sin representante legal en el Perú, pese a que tenía uno. La funcionaria del ministerio que apuró la inscripción fue Paola Cartolín Romero, que actuó con la autorización y aval de Nelly Rodríguez Cuzcano, ante funcionarios de Consucode a los que se les paseó el alma.

Nelly Rodríguez, la ex secretaria general del
Ministerio del Interior y persona de confianza
de Luis Alva Castro

Ese mismo 19 de julio, funcionarios de la Secretaría General del ministerio, entre quienes estaban Pedro León Nieto, Ernesto Vilela y la misma Paola Cartolín, otorgaron la buena pro a Combined System. El coronel Mendoza, después de obedecer todas las instrucciones que se le dieron, se retiró a las 6 de la tarde, pensando que la buena pro se daría el día siguiente. En la mañana del 20 de julio se dio con la sorpresa que ya la compra estaba adjudicada. Durante el acto de dar la buena pro no estuvo presente ningún funcionario de la Dirección de Logística de la Policía, salvo un digitador oficial.

¿Por qué fueron tan obsecuentes el general PNP Dalmacio Zambrano y el coronel PNP Armando Mendoza? Según se ha podido saber, ambos señalan haber recibido orden de sus superiores de ponerse a disposición de la Secretaría General, ya que el proceso sería llevado a cabo por ese despacho.

Hasta ahí, no hay nada que decir. Pero las disposiciones que recibieron de la Secretaría General eran tan evidentemente irregulares y los comprometía a ellos en forma tan clara que resulta poco explicable su docilidad.

Es más, terminaron comprometiendo a su institución. Según funcionarios fiscalizadores, la operación de adquisición no fue realizada por el órgano designado en la Resolución Ministerial que autorizó la medida de exoneración, que era la OGA del Ministerio, sino que ésta encargó a la Dirección de Logística realizar la compra.

Ahora, en el intento final por salvar el cargo, Alva Castro termina haciendo lo que hizo antes Mazzetti en su agonía burocrática: entregar las cabezas de su personal de confianza, empezando por Rodríguez Cuzcano. Se desconoce todavía si los funcionarios que la acompañaron y que participaron directamente en las compras se irán con ella. Entre ellos están Pedro León Nieto y Hugo Ernesto Vilela Consuelo.

En cuanto a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio del Interior, se conoció ayer que también renunció su director, Niamey Jorge Balcázar Ramos, el 19 de setiembre. Su intervención fue decisiva en la compra de municiones, ya que fue su despacho el que dio el visto bueno para el desembolso de los US$ 3 millones 220 mil. No se sabe si han salido también Gonzalo Matta Paredes, director de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Administración (OGA), y la directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, María Elena Juscamaita, que participaron activamente en la compra de municiones.

A nivel policial, el general Dalmacio Zambrano fue removido dela Dirección de Logística de la PNP y cambiado a la equivalente Dirección de Bienestar. En su reemplazo ha sido nombrado el general Arturo Augusto Dávila Vega, quien se venía desempeñando en la función ahora asumida por Zambrano.

Mientras tanto, el jefe de la División de Abastecimiento de la Dirección de Logística coronel Armando Mendoza García pasará a ocupar la jefatura de la División de Educación de la Dirección de Bienestar.

También han sido cambiados de colocación: el coronel PNP Alfonso Ríos Ríos, ex director ejecutivo de Administración, y el coronel Genaro Doroteo Alvear, jefe de la división de Armamento de la Dirección de Logística PNP.

Todavía permanecen en sus puestos el ministro, el viceministro y el jefe de gabinete de asesores del ministerio del Interior.