Los chalecos, importados desde Israel y vendidos a mediados de este año por la empresa International Security and Defence Systems del Perú SAC, costaron un millón 155 mil 500 soles al Ministerio del Interior, que por entonces dirigía el actual jefe de Devida Rómulo Pizarro Tomasio. Como ya informó El Comercio en una nota anterior (18/12/06), la operación la efectuó la Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio del Interior, bajo la jefatura del economista Pablo Huamán Pasco y el asesoramiento (en compras) de Milagros Mesía Collantes.
Las prendas mencionadas, según ha trascendido, no habrían cumplido con las normas de certificación NIJ-2005 Interim Requeriments Nivel III-A de The National Institute of Justice del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, tal como lo exigían las bases técnicas elaboradas por la Dirección de Logística de la PNP.
Esta certificación permite garantizar que los chalecos en mención han pasado los exámenes de resistencia a ciertos tipos de proyectiles y, a la vez, garantiza una durabilidad de una determinada cantidad de años.
Dicha omisión, sin embargo, no ha sido lo único cuestionable. Los chalecos tampoco cubren la parte lateral del usuario, lo cual deviene en una peligrosa omisión si es que se pretende evitar innecesarias situaciones de riesgo para el policía. Solo contarían con protección frontal y posterior, aunque no en los costados, tal como lo demandaban las ignoradas especificaciones técnicas. Por eso mismo, si un efectivo recibiera un balazo disparado hacia su flanco lateral, podría acabar mal herido, o en el peor de los casos, muerto. En esta parte de su cuerpo, debido a la ausencia de una adecuada protección, no existe barrera alguna que impida el letal paso de una o más balas.
En resumen, los chalecos modelo MD-103, entregados por la empresa International Security and Defence Systems del Perú SAC al sector Interior para uso de la policía, simplemente no aparecen con esa certificación en la página web (www.nlectc.org/BatPro/Reports/rptCPL2005.asp) que otorga el Departamento de Justicia de EE.UU. a través del Instituto Nacional de Justicia (NIJ). Dicho organismo, en su página web, da a conocer públicamente la relación de empresas que sí cuentan con la certificación NIJ-2005.
En ese listado, por ejemplo, la certificación NIJ-2005 se aplica a los chalecos modelo MD-109 Nivel III-A, fabricados por la empresa israelí, Kata Vitec I Ltd. Pero ese modelo, por cierto, no es el que se entregó al Ministerio del Interior del Perú. Otras 50 empresas que fabrican chalecos Nivel III-A cuentan también con la indicada certificación.
No obstante, los 500 chalecos modelo MD-103, también fabricados por la empresa Kata Vitec, fueron recibidos sin objeciones el 19 de julio de este año por una comisión especial designada por el Ministerio del Interior para dar el 'visto bueno' de la cantidad y calidad de los productos comprados.
El Plan de Emergencia Huallaga 2006-PNP, ya se sabe, consideró la compra de camionetas, colchones, uniformes, visores, botas de jebe, puñales, fundas para pistolas, motocicletas, sábanas, chalecos tácticos, llantas, baterías, rancho frío, mochilas, cascos y escudos antimotines, etc. Y se sospecha que varias de esas compras fueron sobrevaloradas y otras no acataban las normas técnicas.
La comisión designada para recibir los chalecos antibalas, según el acta de recepción 71-2006-IN-Almacén-OGA, estaba integrada por Esteban Castro Díaz (Mininter), Javier Rivera Lecaros (OGA), comandante PNP Romel Chávez Arroyo Villacrez (Dinoes), mayor PNP José Bazán Arias, mayor PNP José Gutiérrez López y Laura Abregú Guzmán (almacén OGA).
Las preguntas obligadas ante tal situación son: ¿Por qué los integrantes de la mencionada comisión aceptaron un producto que no cumplía con las especificaciones técnicas que planteaban las bases? ¿Qué les impidió verificar las normas técnicas o, por lo menos, hacer un rápido chequeo en la página web del Departamento de Justicia de EE.UU.?
Un chaleco con la certificación NIJ-2005 Nivel III-A cuesta más dinero que aquel que no la tiene. Pero esto, sin duda, no ha sido el tema más preocupante para quienes investigan las compras. Lo esencial en esta investigación es la seguridad del policía usuario. Más aún cuando al margen de este hecho, desconcierta la dudosa etiqueta que fue adherida o cosida en los chalecos entregados al Ministerio del Interior. ¿Por qué en la referida etiqueta se ve una certificación que no figura en la web del Departamento de Justicia de EE.UU.? Esta es otra pregunta clave que deberán formular la Contraloría de la República y la fiscalía anticorrupción que dirige el doctor Óscar Zevallos.
Pedimos hablar, desde el viernes pasado, con el representante de International Security and Defence Systems, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.
Cascos antimotines tienen mayor peso
No solo los chalecos antibalas no cumplieron con algunas exigencias técnicas establecidas por la PNP. También incurren en ese problema los mil 500 cascos antimotines adquiridos por la OGA a la empresa International Security and Defence Systems del Perú SAC.
Las especificaciones técnicas indicaban que los cascos debían tener un peso que fluctuara entre un kilo 150 gramos y un kilo 650 gramos. Sin embargo, los cascos internados en los almacenes de la OGA tienen un peso de un kilo 800 gramos. Es decir, mayor al que exigen las especificaciones técnicas. Del mismo modo, las exigencias técnicas indican que deben tener un protector de ojos (visor) de 3 a 4 milímetros de espesor. Empero, los cascos internados y aceptados por la OGA del sector Interior tienen visores de 2,5 milímetros de espesor.
Aquí también tendrían responsabilidad la comisión integrada por Esteban Castro Díaz, Javier Rivera Lecaros, comandante Romel Chávez, comandante José Bazán Arias y Laura Abregú Guzmán. Esta comisión dio la conformidad a los cascos antimotines, según acta de recepción del 22 de mayo del 2006.
Alfredo Alí Alava, Unidad de Investigación |
