Luis Alva Castro entró al ministerio del Interior en la estela de una compra de escándalo que tumbó a su predecesora.

Casi nueve meses después, Alva Castro parece haber perdido viabilidad como ministro luego que por lo menos dos compras de comparable magnitud a la que causó la caída de Pilar Mazzetti abortaran en medio de escándalos y controversias aún mayores.

Al cierre de esta nota, la oposición aún no reunía los 58 votos que se requieren para la censura de Alva Castro la próxima semana y el APRA hacía esfuerzos por salvarlo. Pero queda poca duda que su capacidad de continuar como ministro del Interior ha quedado sustantivamente mellada, sea cual fuere el resultado final de la votación.

El martes último, y luego de haber defendido con vehemencia la adquisición de material anti-motines (granadas, bombas lacrimógenas y balas de goma) para la Policía, Alva Castro se vio obligado a anular también esta compra. Ello sucedió apenas dos meses después de que hiciera lo mismo con la adquisición de patrulleros chinos.

Ambas compras anuladas siguieron el mismo patrón: del elogio desmedido a las supuestas bondades de la compra, seguido por una defensa cerrada, para terminar en una súbita anulación, que se presenta como una hábil medida administrativa, incluso cuando retumba el escándalo.

Pero hay una diferencia entre ambas anulaciones. En el caso del material anti-motines, la anulación parece haberle sido impuesta, nada menos que por Consucode. Y parece también que Alva Castro se resistió hasta que estuvo, casi literalmente, contra las cuerdas.

Como se sabe, el presidente de Consucode, Luis Torricelli, informó el martes 2 en el Congreso que su institución notificó al ministerio advirtiéndole haber detectado una serie de deficiencias en el proceso de adquisición de los pertrechos.

Pero lo más grave es que, luego que sus advertencias fueron ignoradas por Alva Castro, Torricelli se sintió obligado de enviar una carta al Contralor General de la República, Genaro Matute, informando sobre las irregularidades detectadas en el proceso de compra.

La carta a la Contraloría General de la República (haga click para ver el documento), enviada el 20 de setiembre, consigna las comunicaciones que cursó Consucode al ministerio del Interior sobre el tema. Sobre todo, el oficio del 10 de agosto último, en la que la institución “observó el procedimiento de exoneración” y le señaló que ello vulneraba la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Consucode reiteró sus observaciones con un oficio el 3 de setiembre, luego de no haber recibido una respuesta satisfactoria del ministerio del Interior. “Hasta el momento” dice el oficio de Consucode, “existen indicios de que la omisión de medidas oportunas condujo a la presente exoneración, con la consiguiente limitación de la competencia al contratarse directamente con el único proveedor”.

Lo más grave es el párrafo final del oficio que dirige Consucode a la Contraloría.

Torriceli indica ahí a Matute que, dado que la ley le impone hacer de conocimiento de la Contraloría “los casos en los que se aprecie indicios de incompetencia, negligencia, corrupción o inmoralidad detectados en el ejercicio de sus funciones, remitimos los antecedentes del referido proceso para los fines que estime convenientes”.

Virtualmente acusado por Consucode ante la Contraloría, Alva Castro dio marcha atrás y anuló la compra el martes 2 de octubre.

Sin mayor tardanza, el miércoles un equipo de la Contraloría General de la República (CGR) inició una presuntamente rigurosa acción de control para determinar si existe realmente un desabastecimiento de los pertrechos, razón esgrimida por el ministerio para justificar la exoneración. El equipo de auditores -como primera parte de su indagación- visitó ayer la Dirección de Logística, que dirige el general Dalmacio Zambrano. Las diligencias también comprenderán reuniones con la muy influyente secretaria general del Ministerio del Interior, Nelly Rodríguez Cuzcano, y sus funcionarios.

MILLONES PARA PUBLICIDAD

Pero la exoneración del proceso normal de compra para los pertrechos antimotines, no fue la única que realizó el ministerio del Interior. El mismo día, 19 de julio, Alva Castro autorizó que se contrate servicios de publicidad para la Policía, por un monto de 3 millones 530 mil soles, sin ningún tipo de concurso o licitación.

Según la resolución (RM 0565-2007-IN/PNP), publicada en El Peruano el 25 de julio, se autorizó “modificar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio del Interior” y dar el visto bueno a la Dirección de Logística de la PNP para el desembolso.

La norma, que lleva la firma de Alva Castro, autorizó exonerar del referido proceso los contratos de los servicios de publicidad, con base en el informe de la Oficina de Comunicaciones del Mininter. La exoneración fue por “la causal de servicios personalísimos la contratación de servicios de publicidad necesarios para la ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria” del Ministerio. El lapso de dicho plan es de julio a diciembre de este año.

El Plan, de cinco meses y unos pocos días costó más de un millón de dólares y se puso en marcha cuando Alva Castro ya estaba sometido a un escrutinio intenso luego del primer escándalo por la compra de patrulleros chinos.

Para efectos de comparación, la campaña “A la Policía se le respeta”, que fue difundida en gran parte del gobierno de Alejandro Toledo, dependió casi totalmente del apoyo voluntario de los medios de comunicación.

A medida que la posición de Alva Castro se iba erosionando, los spots publicitarios se intensificaron. El que más irritación provocó en otros sectores, sobre todo en el de Defensa, fue la propaganda sobre la ayuda que la Policía prestó a la población luego del terremoto en el sur. “La Policía estuvo virtualmente ausente los primeros días en la zona afectada” dice una indignada fuente del ministerio de Defensa. Pero el hecho es que a medida que Alva Castro perdía terreno, se intensificaba la propaganda.

El ministerio ha contratado espacios en 14 diarios en Lima y otros 14 en provincias; en dos radios de cobertura nacional (RPP y CPN) y en 14 de provincias; en cinco canales de televisión y en uno de cable (Canal N).

La emisora que tendrá el mayor contrato de publicidad será Radioprogramas del Perú, que recibirá 282 mil 500 soles. En prensa escrita será El Comercio, con 218 mil soles; luego Perú.21, con 185 mil 600 soles; y en tercer lugar El Trome, con 177 mil 200 soles. Es decir, sólo el grupo El Comercio recibirá 580 mil 800 soles.

La República tendrá un contrato de 140 mil soles y El Peruano uno de 100 mil soles. Los diarios de la familia Agois, Correo y Ojo, de circulación en Lima, recibirán 192 mil soles y 177 mil 200 soles, respectivamente. En tanto, los contratos de publicidad con las filiales de Arequipa, Puno, Tacna y Piura del diario Correo serán de 100 mil soles cada uno, lo que hace un total de 400 mil soles.

En cuanto a los servicios de publicidad en televisión, América Televisión tiene el mayor contrato, de 300 mil soles. Frecuencia Latina, Televisión Nacional del Perú, Panamericana y ATV tendrán contratos por un monto de 200 mil soles cada uno. Voceros del ministerio comentaron que la elección de los medios y la frecuencia del avisaje publicitario se definieron con base en los reportes de lectoría o audiencia de los medios de comunicación.

PUBLICIDAD EN LIMA

En forma coincidente, la Sétima Dirección Territorial de la Policía, que dirige el general Octavio Salazar ha iniciado también una campaña a través de paneles publicitarios en Lima y Callao.

Consultado por IDL- SC, Salazar negó que la campaña esté articulada con la que realiza el Ministerio del Interior. La publicidad “es un tema que está dentro de mi patrón de trabajo” dijo Salazar, que recordó haber hecho similares esfuerzos en otros puestos. El jefe de la Sétima Región enfatizó que el costo de los paneles ha sido asumido por algunos comités de apoyo de varias jefaturas distritales.

Algunos de estos grandes paneles se ubican en la avenida Benavides, frente a la Universidad Ricardo Palma, en Surco; en el puente Alipio Ponce, en Chorrillos; y en la avenida La Marina, en San Miguel.