Existe por eso una demanda fundada por mayores niveles de seguridad de parte de los ciudadanos a las nuevas autoridades edilicias. Pero estas deben formar parte de una clara y objetiva política de estado. Los planes distritales de seguridad deben estar en el marco de una política integral que busque una mirada conjunta de la ciudad, de lo contrario, los resultados inconexos tendrán un impacto mínimo y se desdibujaran en el tiempo.
Los roles y competencias están formalmente definidas. Por mandato constitucional la Policía Nacional es la encargada de cautelar el patrimonio público y privado, así como abocarse a labores de prevención, investigación y combate a la delincuencia. La Ley Orgánica de las Municipalidades estipula las competencias que debe desarrollar un municipio para hacerle frente a la delincuencia. Una ley que conjuga estos postulados es la Ley 279933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que busca articular el esfuerzo del Estado en su conjunto con los diferentes estamentos involucrados en tareas de seguridad.
La última investigación desarrollada en Lima Metropolitana y el Callao por el Instituto de Defensa Legal, es elocuente. A la pregunta: ¿Quién debe encargarse de combatir la delincuencia?, el 7,3% señala que es tarea de las municipalidades con su propia policía, el 21,2 % considera que esta labor es potestad del Ministerio del Interior con una sola policía y un abrumador 67,8% considera que deben cooperar y coordinar cada uno en los suyo, solo un 3,7 % no respondió a la pregunta. No hay duda de que la población tiene la certeza de que solo la coo-peración y la estrategia conjunta permitirán nuevos enfoques y mejores resultados.
Durante este último proceso electoral algunos candidatos han sobreestimado el papel de la municipalidad y otros han minusvalorado su competencia frente a la lucha contra la delincuencia. La piedra de toque del trabajo municipal descansa en la prevención del delito, vale decir, en el despliegue de una red social que frene el delito. Por tanto, es imperativo fortalecer el trabajo de las juntas vecinales, desarrollar programas de prevención en violencia juvenil, recuperar espacios públicos y desplegar programas culturales y recreativos, entre otras.
Una política de prevención tiene como sustento básico la identificación y planificación conjunta de las estrategias de intervención, a través de planes y miradas transversales. El norte de una política de prevención no es la protección de una determinada zona o de un grupo privilegiado de la ciudad. Busca más bien la integración o inclusión de la gran mayoría de habitantes, promoviendo prácticas saludables de convivencia vecinal y fortaleciendo el tejido social que es erosionado por las acciones violentas.
Una sociedad que es presa del miedo y recibe una pálida respuesta del Estado acaba por legitimar la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Si no actuamos a tiempo, que no nos sorprenda el crecimiento del pandillaje, la profesionalización de delito y los linchamientos.
Por Gabriel Ramos Prado, IDL
20/11/06Fuente: El Comercio |
