Bogotá es la única ciudad importante de América Latina que en los últimos años ha visto caer sus tasas de criminalidad. Esto ha sido posible por el rol protagónico que en este esfuerzo jugó el Municipio de Bogotá. El Dr. Hugo Acero fue parte del equipo que diseñó e impulsó las políticas de convivencia pacífica y seguridad ciudadana de ese municipio durante tres gobiernos sucesivos.

Mirando la realidad de los países latinoamericanos, la seguridad sigue siendo una responsabilidad de Ejecutivo nacional, por el antecedente de las políticas de “seguridad nacional”, con un rol muy reducido de los gobiernos locales. Existen países como Brasil, Argentina, México, en donde los Estados Federales tienen responsabilidades en materia de seguridad pero, en el resto, es tarea del Ejecutivo.

¿Colombia tiene una normatividad que otorga al Municipio un rol rector en materia de seguridad ciudadana?
En Colombia desde 1991, los alcaldes y gobernadores son responsables del tema de seguridad. La Constitución de 1991, los dos temas que no desconcentró fueron, uno, el tema de la seguridad y, otro, el del manejo macro económico. Es el Presidente el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los gobernadores de los 32 departamentos, en su calidad de representantes del Presidente, son agentes del orden público; obedecen las órdenes del Presidente en esta materia y los alcaldes de los 1,096 municipios, son responsables de la seguridad ciudadana.

De otro lado, tenemos una Policía Nacional que debe obediencia a los alcaldes y gobernadores de las órdenes que imparta a través de sus comandantes. La Ley 62 de la PNC establece claras competencias de los gobernadores y alcaldes en esta materia, los mandatarios locales deben evaluar a sus comandantes y tienen que hacerlo una vez al año, por desempeño y trabajo coordinado.

Pese a este avance constitucional y legal, después de casi catorce años, empezamos a darnos cuenta que la gran mayoría de gobernadores y alcaldes no asumían el tema. Hoy estamos trabajando con todos los gobiernos municipales y los gobernadores para que asuman esta responsabilidad constitucional y legal a través del Programa Departamentos y Municipios Seguros DMS.

Vayamos a Bogotá en donde Usted ha trabajado en tres administraciones este tema de la seguridad ciudadana...

La experiencia de Bogotá nos ilustra de qué manera estamos trabajando con los gobiernos locales. Bogotá es una ciudad de ocho millones de habitantes, tiene un Alcalde elegido popularmente y tiene, a su vez, veinte alcaldes designados por el Alcalde Mayor. Son funcionarios del Alcalde Mayor. Es una ciudad compacta y dentro de esas veinte localidades existe una administración local que, aunque tiene presupuesto propio, responde al Alcalde Mayor.

¿Cuál era la situación de la criminalidad en la ciudad de Bogotá cuando ustedes asumen la gestión municipal?
Bogotá, en 1994 llegó a tener una tasa de 72 homicidios por cada cien mil habitantes, cerca de cuatro mil homicidios al año. En 1993 alcanzamos a tener ochenta homicidios por cada cien mil habitantes, cifra supremamente alta. Es cierto que en Colombia ha habido ciudades que alcanzaron a tener una tasas superiores, como fuel caso de otras ciudades importantes. En el año 1994, con 72 homicidios por cada 100.000 habitantes Bogotá era mas violenta que ciudades como Río de Janeiro, o Sao Paulo y en el extremo, estaba el Cairo con sólo un homicidio.

¿Además de afectar el derecho a la vida e integridad de las personas, qué riesgos adicionales encontraron ustedes en tasas de criminalidad tan altas?
Estos indicadores de criminalidad son muy importantes también para definir el nivel de competitividad de una ciudad. Cada vez más, los temas de seguridad cuentan para la inversión privada, nacional o extranjera. En muchos casos, los petroleros prefieren explotar a mayor costo, petróleo en África que en Colombia porque en África no los extorsionan, no los secuestran, no los matan y, evidentemente, esto tiene un efecto sobre la economía. Es más, la revista “América Economía” está midiendo los niveles de competitividad en las ciudades y muestra, como Santiago de Chile, lleva el liderazgo, superando incluso a ciudades como Miami. En ese momento inicial de nuestra gestión, nuestra competitividad era muy baja. Existen otros indicadores de competitividad, pero el tema de violencia es uno de los más importantes.

¿Lograron bajar esta tasa de homicidios?
A partir de 1994, la tasa de homicidios empezó a caer hasta situarse en 22 homicidios por cada cien mil habitantes. De 4,352 homicidios en 1993 pasamos a 1,612 en el 2004. Es una reducción significativa de la violencia. Hoy, Bogotá es menos violenta que Ciudad de Panamá, que México, que Lima, que Sao Paulo, Río de Janeiro, Cali, Medellín, Washington y Caracas. Sin embargo, sigue siendo más violenta que Ciudad Juárez y Monterrey en México, Porto Alegre o Bello Horizonte en Brasil, Montevideo y Santiago.

¿Qué política municipal permitió una reducción tan importante de la violencia letal en Bogotá?
Hace cuatro años diseñamos un plan a diez años y esperamos reducir aún más el índice de homicidios en los seis años que vienen. Esto es factible siempre y cuando se cumplan las metas de la política de convivencia y seguridad. Pero no sólo hemos reducido los homicidios, también los accidentes de tránsito. Nosotros asumimos estas muertes por accidentes de tránsito como un asunto de seguridad ciudadana. Los ciudadanos son víctimas, lesionados o muertos, de la delincuencia pero también víctimas, lesionados o muertos, por un tráfico caótico o por una persona que conduce embriagada. El Estado tiene la obligación de garantizarle la seguridad al ciudadano, cualquiera sea los escenarios, públicos o privados. El estado debe garantizarle la vida, en todas las condiciones.

Diseñamos una política integral que va de la prevención, pasando por la inteligencia, la disuasión, la solución de conflictos hasta los temas coercitivos. Política integral de zanahoria y garrote; preventiva y coercitiva; dosificadas, una y otra. Esa es la autoridad del Estado que tiene la obligación y la facultad de garantizar la seguridad de los ciudadanos con políticas preventivas y ejercer la fuerza legítima, en el marco de la ley y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los delincuentes. Aplicamos una política publica, que va desde los temas de cultura ciudadana, de los asuntos de fuerza pública, disuasión, presencia de la Policía, de la justicia, como disuasión también, la prevención de emergencias, la inteligencia del Estado como la resolución de conflictos de manera pacífica, a la coerción que ejerce justicia de acuerdo a los niveles del delito, hasta la cárcel. No es solamente la Policía o la Justicia. En las ciudades tenemos problemas de indigencia, de desorden, no sólo problemas delictivos. Una ciudad tiene que amables con los ciudadanos, respetuosa de los derechos, ordenada, pero también de ciudadanos que acatan y respetan las las normas de convivencia, todo esto siempre en un sentido de corresponsabilidad institucional y ciudadana.

¿Qué medidas de política específicas pusieron en marcha para garantizar este derecho a la vida en Bogotá? Sabemos que pusieron mucho énfasis en los aspectos culturales, así como en el cumplimiento de las normas...

Como decía, nuestra política fue integral, desde acciones preventivas, hasta las acciones coercitivas, desde los temas de cultura ciudadana hasta el fortalecimiento de la policía y de la justicia para que ejecutaran las normas de manera ejemplar. De esta manera las medidas fueron concretas. No solo se combatió el crimen, sino que se regularon comportamientos que afectaban la seguridad ciudadana y la convivencia. Por ejemplo, en el año 1995 cerramos los establecimientos nocturnos donde se expende licor a la una de la mañana, por cuanto la Policía Nacional tenía que atender problemas toda la noche de personas embriagadas y se desatendía problemas de seguridad ciudadana, como el robo de residencias. Fue una decisión en toda la ciudad. Se aplicó la ley de manera enérgica. Cerramos establecimientos que no cumplieron la norma con ejemplares sanciones económicas; también a conductores embriagados se les quitaba el carro y los costos de las multas son altos, cerca de trescientos dólares.

Una segunda medida fue cambiar a la Policía de tránsito. Teníamos una Policía Municipal de Tránsito, bastante corrupta. Se despidieron dos mil y se le entregaron esas funciones a la Policía Nacional, con mayor eficiencia y control ya que la Policía Nacional tenía más facultades.

Quiero profundizar en dos cosas. Una, es el fortalecimiento de la unidad de la Policía Nacional que trabaja en la ciudad en dos sentidos, el primero el desarrollo tecnológico en términos de movilidad (carros, motos, caballos), comunicaciones (radios y centro automático de despacho) e infraestructura (estaciones y centros de atención inmediata CAI) y el segundo la capacitación de todos los policías en temas de convivencia en las mejores universidades de la ciudad. Todo esto para que atendieran de manera adecuada los temas de violencia, delincuencia y convivencia. Cabe anotar que en este tema invertimos, pero también exigimos resultados.

Y la otra cosa sobre la cual quiero profundizar es el tema de la cultura ciudadana. Quizá siempre hemos tenido la idea de que ya los adultos no podemos cambiar, que hay que trabajar con los niños en las escuelas. En 1995 nuestro alcalde, Antanas Mockus, académico, ex Rector de la Universidad Nacional, nos convenció de que el cambio de comportamiento se puede lograr en todas las generaciones, no sólo empezando por los niños y niñas. Bogotá era una ciudad poco solidaria, agresiva, en donde los ciudadanos respetaban muy poco las normas. Trabajamos entonces sobre la cultura ciudadana. Todos, en cualquier sociedad, nos regulamos por tres sistemas regulatorios: la ley, la moral y la cultura. Sobre esos tres sistemas regulatorios empezamos a trabajar y a cambiar los comportamientos ciudadanos.

¿Nos puedes proporcionar ejemplos concretos de las medidas adoptadas?
Por cierto. Tomemos los problemas de los cruceros peatonales en las pistas, lo que nosotros llamamos “la cebras” en los semáforos. La mayoría de ciudadanos, parquean el carro sobre las líneas blancas o cebras e impiden el paso de peatones y no les pasa nada, no les da vergüenza ni son sancionados. Contratamos ciento cincuenta mimos que trabajaron en igual número de cruceros. El mimo hacía las veces de la moral. Cuando un conductor se paraba encima de la cebra el mimo empujaba el carro, como diciéndole: retrocede. Era su conciencia. El mimo era tan espectacular que se aglomeraban las personas y éstas empezaban a presionar al conductor para que retrocediera. Ahí empieza a funcionar la cultura. Si no respondía a la moral, que era el mimo, ni a la cultura, expresada en los ciudadanos que lo presionaban, aparecía el agente de tránsito e imponía la ley. Ley, moral y cultura hacen que hoy, en Bogotá, los ciudadanos respeten el crucero peatonal. Con esa misma estrategia logramos el uso del cinturón de seguridad, el casco para los motociclistas y alcanzamos ciertos avances en el caso de cruces y puentes peatonales. Bogotá, según estudios recientes, es una de las ciudades en las que más se respetan las normas de tránsito.

¿Ha hablado de la Ley semi seca en lo que respecta al expendio de alcohol, qué acciones se han tomado en relación a otros factores de riesgo, como el uso de armas, por ejemplo?
A la gran mayoría de ciudadanos que tienen armas, éstas les sirven muy poco. Son muy pocos los ciudadanos que han logrado repeler un asalto con el arma propia. Son más los ciudadanos que han muerto con su propia arma. Si la Policía, que entrena, comete errores, cómo será el ciudadano que apenas la sabe cargar y disparar y, ni siquiera, tiene el cuidado de descargarla cuando llega a casa lo que produce accidentes fatales. El arma es letal. Ellas deben ser portadas por las instituciones legítimamente constituidas que saben utilizarlas. No debe haber políticas del Estado ni de organizaciones privadas que promueva que los ciudadanos se armen. Si el Estado promueve este tipo de políticas, le entrega al ciudadano el uso legítimo de la fuerza y abdica de su potestad y obligación. Porque un ciudadano con un arma cumple las veces del Estado: detiene, juzga, condena y aplica la condena, la pena de muerte, en cuestión de segundos.