El delito victimiza a todos. Lima es una ciudad con fuertes problemas de inseguridad. De hecho todas las encuestas ubican a la delincuencia como uno de los principales problemas que aquejan a los limeños y chalacos. Según la encuesta de Apoyo del mes de septiembre pasado, el 81% de los encuestados considera a la delincuencia como el problema más urgente a ser abordado por la nueva administración municipal.

Pero, aunque en los hechos perjudique a todos, el delito es en especial un impuesto a la pobreza. Porque los pobres tienen poco y, por tenerlo, es menor su posibilidad de cuidar los escasos bienes que poseen.

Dada su mayor vulnerabilidad, pudiera inferirse que el Estado destina mayores recursos, es decir, más policías a cuidar los distritos pobres acechados por la delincuencia.

Pero no es así. Una investigación somera demuestra que los distritos mejor acomodados tienen mucha mejor protección del Estado que los distritos pobres. Aunque estos últimos sufran más por la delincuencia.

Por ejemplo, una comparación entre el acomodado distrito de San Isidro y el populoso San Juan de Lurigancho es sumamente elocuente. Véase la diferencia entre el número de policías por habitante.

Y esta es seguridad pagada por el Estado con los impuestos de todos los peruanos. Como vemos la desigualdad no es solo económica sino también en la seguridad. Y la una agrava la otra.

A medida que fue creciendo la delincuencia en Lima Metropolitana, se ensayaron diferentes respuestas. La más común y más extendida fue la creación de los cuerpos de serenazgo. A la fecha casi la totalidad de los distritos de Lima cuenta con este servicio, Como es fácil suponer, la mayor eficiencia y efectividad se da en los distritos del casco urbano y esta efectividad es menor en los distritos periféricos de la ciudad. Si al escaso numero de efectivos policiales agregamos el personal de serenazgo, nos daremos cuenta que la desproporción es más alarmante, ni qué decir si a todo ello sumamos el personal de vigilancia privada.
Sigamos con el ejemplo.

¿Es esto solo un caso anecdótico entre dos distritos? Un estudio en todo Lima Metropolitana y el Callao realizado en noviembre del 2005, por el Instituto de Defensa Legal, demuestra que hay una correlación estrecha entre el nivel social y económico de un distrito y la seguridad que le da el Estado. Es decir, el Estado discrimina en su protección a los más pobres..

Para constatar que hay una seria inequidad en la seguridad en nuestra capital basta hacer una simple operación matemática para que el resultado lo muestre. Los vecinos de San Isidro cuentan con un aproximado de 700 efectivos de seguridad, entre policías y serenos. Esta cantidad de efectivos permite cubrir largamente las demandas por seguridad. En ese distrito se tiene un efectivo de seguridad por 100 habitantes; cifra muy aceptable si se toma en cuenta la media internacional.

El distrito comercial de La Victoria, por otro lado, cuenta con un aproximado de 233,000 habitantes. El gran emporio comercial de Gamarra de gran flujo comercial y peatonal está presente en el distrito; ella cuenta con un aproximado de 500 efectivos combinados, lo que muestra que por cada 462 habitantes hay un efectivo de seguridad.

El caso más crítico lo vemos en el cono este de Lima, específicamente en San Juan de Lurigancho. La población bordea casi el millón de habitantes y cuenta solo con 526 efectivos de la PNP, y como hemos dicho, no cuenta con un servicio de serenazgo, entonces buena parte de la protección del distrito, por no decir la totalidad, descansa solo en manos de la Policía. Un millón de personas protegidas por 526 policías. Es decir, por cada 1900 habitantes hay un efectivo policial. Casi una relación de uno a veinte con San Isidro.

Mucho se ha hablado y se habla de planes de seguridad ciudadana con alusiones arácnidas y cosas así. Pero nadie en estos tiempos de shock contra la exclusión se ha puesto a explicar por qué en Lima el Estado desprotege a los más pobres.