Paola Ugaz

La frase seguridad ciudadana tiene al mismo tiempo; la virtud de causar la inmediata adhesión de todos los que la escuchan, porque es un término políticamente correcto en estos tiempos; y el defecto de ser tan inasible como el mercurio líquido cuando intentamos definirla, porque al haberse convertido en la muletilla favorita de los políticos ávidos del aplauso de los medios, está corriendo el riesgo de convertirse en un término vacío si es que las autoridades no se preocupan en posicionarla con seriedad entre los peruanos.

En el libro titulado, “¿Ciudadanos desprotegidos?: Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, la Defensoría del Pueblo desaprobó al sistema que formado por policías, autoridades regionales y pobladores, busca combatir a uno de los grandes males que aquejan a los ciudadanos y que aún no encuentra la brújula, a cinco años de su formación.

Para los peruanos la inseguridad es un problema más visible que el narcotráfico o el terrorismo. Así, de acuerdo, a un estudio a nivel nacional de CONECTA de julio de 2007, un 32 por ciento de encuestados opinan que la inseguridad aumentó con respecto al año anterior.

El texto buscó visibilizar los cimientos en que reside la seguridad ciudadana en el país, cuya entidad rectora es la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y que comparte la tarea de luchar contra el crimen con 26 comités regionales, 193 provinciales y mil 627 distritales.

En el documento, la Defensoría evalúo a 26 comités regionales de seguridad ciudadana y a 12 comités provinciales de Lima, Arequipa, Chiclayo, Santa (Chimbote), Cuzco, Huamanga (Ayacucho), Huancayo (Junín), Ica, Maynas (Iquitos), Coronel Portillo (Pucallpa), Piura y Trujillo (La Libertad).

Hay una coincidencia alarmante entre el gran número de comités de seguridad nacional y el alto grado de hechos delictivos; ya que en la práctica estas organizaciones no funcionan por: la burocracia, la laxitud de sus autoridades regionales y municipales, la poca continuidad de los integrantes de los comités.

En el texto se reportó la existencia de la llamada “cifra negra”: guarismo que oculta el número real de robos, secuestros o violaciones porque los ciudadanos que los sufren no realizan las denuncias respectivas al no confiar en la Policía ni en el Poder Judicial.

En esta oportunidad se reportó que del año 2000 (150.192 delitos) al año 2006 (153.055 delitos), hubo un aumento de 54 por ciento del número de delitos en el país y en ese mismo período, decreció el índice delincuencial que se denuncia ante la policía.

Según la Defensoría, el 64 por ciento de limeños que han sido víctimas de un delito no presentan su denuncia ante las comisarías.

La “cifra negra” explica en parte que no existan cifras oficiales sobre la inseguridad y no se pueda elaborar una fotografía exacta del problema; la otra parte, se explica por la burocracia reinante, el desarrollo de inadecuadas metodologías, la escasa o nula tecnología de las comisarías fuera de Lima, lo que dificulta que hayan coincidencias entre las cifras que elabora el Ministerio del Interior, la Policía y la CONASEC.

Otro ejemplo engañoso y que entra en la categoría de la “cifra negra” se refleja en la incidencia delictiva en Lima entre el año 2006 al 2007 –que elabora la VII Dirección Territorial de la Policía y a la que accedió IDL-SC- y que señala que hubo un bajón de 80.747 a 74.034 delitos, en dicho período, cifra que no se la toman en serio, ni los mismos policías que reconocen en privado, la debilidad de las estadísticas que elaboran.

A un observador no informado, la existencia de centenares de comités de seguridad ciudadana podría hacerle pensar que la lucha contra el crimen está garantizado, pero el trabajo de la Defensoría del Pueblo ha constatado que hay mucho de gaseoso en esta cifra que en cinco de los doce comités provinciales no han hecho los diagnósticos sobre seguridad ciudadana ni aún siquiera el “mapa de incidencia delictiva” de la provincia.

Además, de los doce comités provinciales, cuatro tienen un plan provincial de seguridad ciudadana aprobado para ser aplicado el 2008, solo seis de los 26 comités regionales (Huancavelica, Lambayeque, Lima metropolitana, Pasco, Tacna y Ucayali) cuentan con un plan de seguridad ciudadana; hechos que según la Defensoría, responden a la laxitud de voluntad política de sus integrantes, que se expresa en el “poco compromiso” para asistir a las sesiones y la “irregularidad” en el ritmo de trabajo.

Así también, el número promedio de sesiones de los comités provinciales fueron dos mientras que de los comités regionales fueron de tres sesiones; dato que se traduce en que solo Arequipa, Coronel Portillo (Pucallpa), Lima metropolitana y Santa (Chimbote) pudieron elaborar un diagnóstico y un plan provincial a realizar hasta fines de año.

Otro indicador del bajo funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana, son las pocas actividades de capacitación que han realizado en el 2007:

• Nueve comités regionales (Callao, Huanuco, La libertad, Lambayeque, Lima metropolitana, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali) si han realizado actividades de capacitación.
• Quince comités regionales (Amazonas, Ancash,Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, San Martín y Tacna)

Para la Defensoría, “es evidente que siendo el tema de alta sensibilidad social resulta difícil de creer que el desinterés de la población sea la causa de la falta de espacios de formación”.

Otro factor preocupante y que causa que no haya una buena dinámica de trabajo entre los comités es que se ha hecho común la desinstalación y “la reinstalación” de los comités cuando se producen los cambios de las autoridades municipales, práctica que revela – a decir de la Defensoría- “la poca continuidad en las políticas locales” así como el desinterés de sus autoridades en fomentarque los pobladores formen parte de los comités que luchan para acabar con los males que trae la inseguridad.

También –según el documento- hay poca participación de los funcionarios de los municipios distritales en los comités provinciales de seguridad ciudadana; a nivel nacional se ha constatado la presencia de 25 representantes de estas instancias locales, lo que da un promedio de 2,1 municipios por cada comité.

En todo el país, los que siempre participan son los representantes de la policía, seguidos de los funcionarios municipales; lo que da como producto una participación parcial del abanico de miembros que integran los comités de seguridad ciudadana.

El documento elaborado por la Defensoría tiene el gran mérito de no culpar en exclusiva a la policía nacional por el mal funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana, sino también a los gobiernos regionales, los municipios provinciales y distritales así como a los ciudadanos en general y de señalar indicadores que podrían explicar porque existe esa fatal coincidencia entre el alto número de actos delincuenciales y de comités regionales y provinciales.

Principalmente, el texto cojea en reportar si los comités incentivan o no la participación de la ciudadanía, más allá de detectar elementos formales en su funcionamiento, si realizan sus diagnósticos o no, porque en este tema reside el punto de quiebre para luchar contra la delincuencia con efectividad.

La historia del ayacuchano Susano Enciso (ver nota realacionada) que organizó una junta vecinal que con mucho esfuerzo trajo la paz a los otrora violentos cerro el Pino y la Avenida La Floral, refleja que la vía del éxito se encuentra mas cerca de las iniciativas ciudadanas que de las autoridades responsables de la seguridad en el país.

Además, la Defensoría debería buscar un camino que deje atrás la burocracia y abra un camino jurídico –que vaya mas allá de las firmas de convenios interinstitucionales- en el que se le faciliten las cosas para los ciudadanos que lo necesiten y quisieran formar juntas vecinales así como formar los canales para que se les brinden la capacitación que ellos necesitan para pelear contra la delincuencia local.

También es controversial la recomendación de la Defensoría que sugiere que se modifique el artículo 7º de la Ley Nº 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), para que se incluya la participación del Congreso en el CONASEC, porque traería mas burocracia – donde ya abunda- y menos efectividad.

Otra de las recomendaciones que señala la Defensoría del Pueblo es dar un mayor presupuesto –humano y económico- para el CONASEC pero no le da ningún instrumento a ejecutar para la inmensa tarea que tiene, así como sugieren “reorientarlas tareas de planificaciónde modo que respondan a las necesidades concretas de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana” o “el diseño de políticas para enfrentar la inseguridad ciudadana que se difunda en centros educativos, l a promoción de penas de prestación de servicios comunitarios y el incremento del número de Juzgados de Paz en comisarías”, entre otros.

Además, suena gaseoso hablar de resolver un problema de “falta de liderazgo” del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana estableciendo que la policía modifique sus manuales de procedimientos para la organización y funcionamiento de las juntas vecinales con principios democráticos, cuando el problema no solo reside en métodos sino en replicar y alentar los ejemplos exitosos de la mano con las autoridades locales y los ciudadanos.

Lo que se no se dice abiertamente en el texto es que los comités pueden cumplir con todos los mecanismos formales que establece la ley, pero no forman parte de un sistema de seguridad ciudadana donde se alienten y empuje una metodología que promueva la participación masiva de los pobladores.

Por último, no se toca ni con el pétalo de una rosa al Presidente del CONASEC y actual ministro del Interior, Luis Alva Castro; quien se ha acostumbrado al destello de luces pirotécnicas cuando habla de la seguridad ciudadana y ofrece –de acuerdo al día- unir a través de computadoras las mas de 1.800 comisarías en el país, porque ya se “vive la revolución tecnológica y de comunicaciones” en la policía así como cursos universitarios para los miembros de los comités de seguridad ciudadana.

Pasados los destellos, solo queda la sensación cada vez más creciente de que la inseguridad campea en nuestras ciudades.