Gastos Corrientes

Desde el año 1999, este gasto en términos reales se ha ido incrementando a lo largo del período; sin embargo, como porcentaje del presupuesto destinado para la vigilancia, se fue reduciendo de 27.9% hasta 15.8% y 17.6% en el 2003. Es a partir del año 2004, que su participación en el presupuesto comenzó a incrementarse hasta llegar nuevamente a 28.8% en el 2007. Estos gastos comprenden principalmente gastos referidos a la logística y soporte de la policía, tales como: combustible y lubricantes, alimentos, vestuario, pago de servicios, insumos médicos, materiales de construcción, materiales de enseñanza, materiales de escritorio, materiales explosivos y municiones, pasajes y gastos de transporte, viáticos y asignaciones, etc. Al igual que los patrulleros, en el año 2007 se anularon las licitaciones de mil granadas lacrimógenas CS Triple, 50 mil cartuchos lacrimógenos CS Triple y 20 mil cartuchos Cal. 12 GA (munición no letal).

LAS MUNICIPALIDADES Y EL PRESUPUESTO PARA SEGURIDAD CIUDADANA: EL CASO DE LIMA

En el caso de las municipalidades en materia de seguridad ciudadana, éstas tienen competencia para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad; promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.

Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de promover el establecimiento de Comités de Seguridad Ciudadana en su jurisdicción, con la participación de la Policía Nacional, la Sociedad Civil y otros sectores del Estado como la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, la defensoría del Pueblo, etc.

Con esas facultades, muchas municipalidades han dado señalesde que los servicios de seguridad que ellos ofrecen son, en muchos casos,más eficientes que los que provee el gobierno central. El serenazgo, por ejemplo, es un cuerpo compuestopor efectivos de de seguridad y personal civil que brinda un servicio público de patrullaje preventivo de cada municipio, financiado con las contribuciones de los vecinos. El vecino amenazado recurre a este servicio y por lo general recibe una respuesta efectiva pronta (cosa que no ocurre con la policía).

Debido a que en el Perú la ciudad de Lima presenta los índices de inseguridad más altos a nivel nacional, se ha analizado los presupuestos que los municipios distritales de Lima destinan para paliar este problema. Cabe resaltar que en la ciudad de Lima se puede encontrar profundas diferencias entre los sectores ricos y pobres; claramente existen municipios distritales de la ciudad quereciben mayores recursos provenientes de la recaudación tributaria y los arbitrios, de tal manera que pueden implementar planes de seguridad como el serenazgo bastante sofisticados. Sin embargo, con los municipios distritales más pobres no ocurre lo mismo, a pesar que cuentan con índices de delincuencia bastante altos, estos no cuentan con los recursos necesarios para resolver este tema o no cuentan con la voluntad oequipo capaz de colocar como primera prioridad el solucionar el problema de la inseguridad ciudadana.

Esta desigualdad de presupuestos entre los distritos de Lima, genera una brecha de seguridad ciudadana en la ciudad, inequidad en la distribución de medios económicos y de personal de seguridad, sea policías o serenazgos, que permitan combatir la inseguridad de manera equitativa.

l presupuesto que los municipios distritales de Lima le destinan a la seguridad ciudadana se puede apreciar en el siguiente cuadro:

No cabe duda que de los 5 sectores socioeconómicos A, B; C; D y E, los 3 tres primeros, tienen municipalidades distritales que destinan para seguridad ciudadana una cantidad considerable de recursos para seguridad ciudadana. Indudablemente, que losmunicipios de los distritos que destinan mayores recursos para esta tarea, en términos reales, son los distritos de los sectores socio económicos más altos (comerciales o financiaros y/o residenciales) que recaudan mayores impuestos y arbitrios en sus jurisdicciones.

En primer lugar está el distrito residencial, comercial y financiero de San Isidro con alrededor de US$ 5,8 millones de dólares para la implementación del serenazgo en el 2005 y US$ 6,1 millones de dólares para lo mismo en el 2006. Además, como porcentaje del total de su presupuesto destinó el 16.6 % en el 2005 y 18.6 % en el 2006, lo cual demuestra la importancia que el municipio dedica a esta tarea. Esta municipalidad cuenta con el serenazgo más antiguo del Perú creado en 1988, además de contar con su propia escuela de formación de serenos, quienes junto a la PNP y la comisaría de San Isidro vienen desarrollando el “Plan Luciérnagas” de patrullaje conjunto desde el año 2004. En el año 2006 adquirió 30 cámaras de vigilancia, lo que actualmente le ha facilitado contar con un sistema, que le permite al vecino común y corriente acceder a las cámaras de seguridad de la municipalidad desde su celular. También, cuenta con una central de emergencia denominada “Alerta San Isidro”; ha creado nuevos módulos de serenazgo y renovado su flota vehicular.

En segundo lugar, se encuentra el municipio de Lima Metropolitana que representa a la ciudad capital del Perú. Lima Metropolitana es la ciudad que mayor índices de victimización posee, la inseguridad percibida y experimentada por los ciudadanos aún es significativa. Este municipio, que recibe la mayor cantidad de recursos a comparación de los demás distritos, destinó alrededor de US$ 3,1 y 3,2 millones de dólares en el 2005 y 2006 para la seguridad ciudadana, suma no tan significativa como porcentaje del total de su presupuesto, 1.6% y 1.1% para el 2005 y 2006 respectivamente. Este porcentaje denota la mínima importancia que el municipio le asigna a este tema, lo cual no es de sorprender ya que el alcalde Luis Castañeda Lossio ha preferido la construcción de obras públicas que la Seguridad Ciudadana.

En tercer lugar, se encuentranlas municipalidades de Miraflores, Surco, La Molina y San Borja, distritos que al igual que San Isidro son zonas residenciales y comerciales que obtienen altos recursos económicos debido al poder de recaudación de impuestos. La apuesta de Miraflores ha sido por la tecnología, el Municipio ha implementado una central de atención de denuncias que, además de permitir responder a los llamados de los vecinos, constituye la fuente principal de acopio de información para construir un mapa de criminalidad confiable.

Surco, San Borja, Lima, y San Isidro con mayores recursos para seguridad ciudadana, además de Jesús María, Lince y La Victoria, destinan buen porcentaje de sus presupuestos a este fin, además de ser los únicos que hasta la fecha han podido acceder al denominado “Plan Telaraña” el cual consiste en el patrullaje conjunto de la policía y los serenazgos. En todos estos distritos, gracias a este plan, se pudo bajar los índices de inseguridad ciudadana

Desde el punto de vista del nivel de presupuesto destinado a seguridad ciudadana, indiscutiblemente se observa que los distritos más acaudalados son los que destinan más recursos a esta política, mientras que los distritos más precarios y con mayores problemas de inseguridad ciudadana son los que destinan menos recursos a ésta. Sin embargo, se puede observar que distritos de clase media o baja como Jesús María, La Victoria o Lince que tienen altos índices de inseguridad, si le dan importancia a este problema y destinan buen porcentaje de su presupuesto para solucionar los problemas delincuenciales en sus distritos.

Otro caso de municipalidad que destina, de sus escasos recursos, a la implementación de un plan de seguridad ciudadana, es la municipalidad de Surquillo que en colaboración con la comisaría de su distrito ha logrado tener resultados bastante exitosos. Esta municipalidad con 500 mil dólares, ha logrado consolidar el sistema de seguridad ciudadana de la mano de la comisaría de su destrito y de sus vecinos. Actualmente cuenta la única una red de comunicaciones que conecta juntas vecinales, serenazgo y policía en caso de denuncias por algún delito cometido en su jurisdicción.

En el año 2004 representantes de las gerencias de Seguridad Ciudadana de 29 distritos se reunieron, para empezar un proceso de integración con la siguiente agenda: estandarización de la capacitación, unificación de los códigos de comunicación que usa su personal, aprobación de un mismo color para sus uniformes y vehículos y la sistematización de una sola base de datos. Aún no hay avances significativos, pero se ha dado un primer paso con la estandarización de los códigos de comunicación entre los serenazgos de San Isidro, Magdalena, Miraflores y Lince, a ellos se ha sumado el Cercado de Lima, San Borja y Surquillo.

Finalmente, en marzo del año 2007, el presidente Alan García lanzó el plan de distritalización de la Policía Nacional con el fin de descentralizar la mayor cantidad de personal, vehículos para patrullaje y decisión de las grandes unidades administrativas de la policía hacia los distritos. Desde ese entonces y a partir de la aprobación de la Ley Nº 29010 se faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a disponer recursos para inversión a favor de la policía mediante convenios interinstitucionales.

IDEAS FINALES

A pesar que en el Perú, estamos experimentando una etapa de crecimiento y de abundancia de recursos económicos que años anteriores no teníamos, estos no parecen ser suficientes para satisfacer las necesidades de todos los sectores del país, entre ellos, el sector interior que aún no cuenta con los recursos suficientes para poder solucionar tanto los problemas institucionales como los de seguridad ciudadana del país. Sumado a este, otro problema fundamental es la administración ineficiente de estos escasos recursos con los que se cuenta, como la irregular licitación de patrulleros, pertrechos y municiones.

Por otro lado, se ha podido observar que la distribución del presupuesto al interior del sector tampoco se hace de manera eficiente, la mayor carga del presupuesto se destina al pago de personal, de pensiones y beneficios sociales, quedando muy poco para el gasto de logística, de patrullas, de motocicletas, de equipamiento e infraestructura física de comisarías y cuarteles tan importantes para lograr la operatividad de la policía.

Asimismo, las partidas del presupuesto en este sector están colocadas desordenadamente, existe una duplicidad y confusión de términos y conceptos con respecto a la seguridad ciudadana.

En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, si bien ya se ha instalado casi el 100% de comités provinciales, regionales, y distritales de seguridad ciudadana, estos aún no funcionan articuladamente. Según el Informe Defensorial Nº 132 denominado “¿Ciudadanos desprotegidos? Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” emitido por la Defensoría del Pueblo, indica que varios comités instalados a nivel nacional no han funcionado en forma continua, lo cua dificulta la posibilidad de reunir a los representantes sectoriales en un espacio de coordinación para abordar la problemática de la seguridad ciudadana, e impide el diseño, ejecución y seguimiento de políticas locales integrales para afrontarla.

De la misma manera, la participación de los representantes institucionales es irregular, lo que desgasta la iniciativa para abordar el tema de seguridad ciudadana, tampoco se ha llegado a identificar el establecimiento de una práctica orientada a la elaboración de diagnósticos o planes provinciales de seguridad ciudadana. La falta de regularidad en las sesiones no ha permitido la institucionalización de los comités como espacio de coordinación para afrontar la problemática de la seguridad ciudadana.

Por otro lado, en Lima Metropolitana parece existir experiencias, algunas aisladas y otras coordinadas, que han funcionado muy exitosamente; sin embargo, se ha podido notar que existe desigualdad de presupuestos entre los distritos, lo que dificulta la eliminación integral de la delincuencia e inseguridad en toda la cuidad de Lima. Los distritos de niveles socio económico bajos y con altos índices de victimización, no destinan suficientes recursos para disminuir el problema de inseguridad en sus zonas, no trabajan con la policía bajo una estrategia común, y sus esfuerzos de lucha contra la inseguridad resultan aislados. Este mismo problema parece ocurrir en las provincias y distritos del resto del país, que no cuentan con recursos, ni partidas presupuestarias para seguridad ciudadana, y mucho menos con planes de seguridad ciudadana que se puedan ejecutar.

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