Alejandra Muñoz Gonzáles / Instituto de Defensa Legal

Introducción

El Perú atraviesa por un período extraordinario de crecimiento económico que se inició en el año 2002. La tasa a la que ha crecido la economía peruana en los últimos seis años es de 5% anual. En el año 2007 el crecimiento del producto ha sido de 8,3%, el más alto de los últimos 12 años. Dicha situación debería permitir que diversos sectores de la economía, del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y municipales, cuenten con mayores recursos para implementar las políticas que permitan superar los problemas que aquejan al Perú, entre ellos la inseguridad ciudadana, que según las encuestas de opinión, es el segundo problema que más afecta a los peruanos.

En ese sentido podemos afirmar que, este ambiente de prosperidad económica, del cual sólo se están beneficiando los sectores privilegiados, no sólo no ha logrado reducir los conflictos sociales ni las desigualdades en el país, sino que tampoco ha logrado reducir las percepciones de inseguridad ciudadana en distintos sectores y lugares del país. Así, las encuestas de percepción sobre victimización del año 2007 revelan que el 74,1% de la población encuestada, considera que la delincuencia se ha incrementado en el Perú; y el 80% de limeños que han sido encuestados considera que los robos en las calles son el principal problema de la ciudad de Lima.

Entonces, frente al escenario de gran crecimiento económico y por tanto, de incremento de los recursos económicos en el país; pero, por otro lado, ante la fuerte impresión de que la inseguridad ciudadana también crece, es preciso realizar un análisis sobre el presupuesto y las acciones que se vienen ejecutando para el control, disuasión y prevención que permita la reducción de la violencia y delincuencia desde el gobierno nacional y local.

En primer lugar, para dar una idea de la situación de la violencia en el Perú, analizaremos el comportamiento de las denuncias registradas por la policía sobre delitos, faltas y crímenes entre el período de 1999-2006. En segundo lugar, se analizará el presupuesto del sector interior, que tiene bajo su responsabilidad prevenir y combatir la delincuencia, e investigar y denunciar los delitos, faltas y crímenes en el país. Cabe mencionar que los datos utilizados para este análisis han sido recogidos del Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía, a pesar que la fuente es muy confiable se ha percibido desorden en la organización de partidas y confusión de actividades de seguridad ciudadana en otros rubros, lo cual no ha permitido realizar un análisis cien por ciento eficiente. En tercer y último lugar, se realiza un análisis del presupuesto que las municipalidades distritales de Lima destinan para paliar el problema de la inseguridad ciudadana dentro de sus jurisdicciones.

ÍNDICES DE VIOLENCIA EN EL PERÚ

Delitos, faltas y crímenes

La sensación de peligro contra la integridad física, o los bienes materiales, que han percibido los ciudadanos en estos últimos años, hay que contrastarla con la información que efectivamente registra la Policía Nacional del Perú (PNP) en cuanto a denuncias sobre delitos y faltas contra la persona, contra el patrimonio, contra las buenas costumbres ycontra la seguridad pública. Veamos el siguiente gráfico:

En este cuadro se puede observar que desde el año 1999 al 2006 las denuncias por delitos disminuyeron de 187,190 a 153,055. Sin embargo, las denuncias por faltas, conocidas como infracciones de menor gravedad, se han incrementado sostenidamente desde el año 1999 hasta el 2006 de 147,975 a 232,504. Actualmente, estas últimas son las que constituyen la mayor causa de violencia e insatisfacción ciudadana en el Perú porque son las que afectan directa y cotidianamente a las personas, entre ellos se pueden mencionar: asaltos en la vía pública, pandillaje, robo de vehículos y de accesorios, micro comercialización y consumo de drogas, proxenetismo, violencia familiar, violaciones sexuales, etc., cuya frecuencia es permanente y afecta a todos los estratos sociales.

El gráfico nos muestra que desde el año 2000 hasta el 2004 las denuncias por crímenes casi se triplicaron, de 5,900 a 15,168 denuncias, momento en que por primera vez se implementó una política de Seguridad Ciudadana denominada Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), lo que permitió mayor vigilancia y patrullaje policial, logrando reducir las posibilidades de cometer crímenes en las calles los siguientes años 2005 y 2006.

Al parecer, a medida que la economía ha presentado niveles de crecimiento, las denuncias por delitos graves y por crímenes habrían disminuido en los últimos años. Por el contrario, los delitos leves se han incrementado en este mismo período, lo cual cuestiona la ejecución eficiente de la política de seguridad ciudadana en todos los niveles de Estado.

La percepción de la gente es que la delincuencia aún es el principal problema de Lima y que se habría incrementado en los últimos años. Este diferencia entre percepciones de la ciudadanía y denuncias registradas por la policía, muchas veces se da porque los delitos cometidos en el país no son denunciados por las victimas y ello se debe al sentimiento de desconfianza de la gente hacia la policía, de creer que no va a resolver los problemas. Este mismo sentimiento, también se tiene hacia las autoridades políticas, que son incapaces de establecer un sistema de seguridad ciudadana que garantice la tranquilidad y la paz social en sus jurisdicciones.

Ante esta situación presentada, es necesario conocer las medidas para encarar y solucionar el problema de la violencia y la inseguridad a nivel nacional y el presupuesto respectivo que finalmente será el recurso que efectúe las propuestas y acciones planteadas por el Estado. Comenzaremos por las acciones y el presupuesto destinado al Sector Interior y seguiremos con el de los municipios distritales de Lima.

PRESUPUESTO DEL SECTOR INTERIOR

El titular del sector interior, es el Ministro del Interior, el mismo que es responsable de la formulación y ejecución de la política del ministerio en concordancia con la Constitución, las leyes y la política general del Estado. A su vez, la Policía Nacional del Perú, es parte de la estructura orgánica del Ministerio del Interior, y tiene como tarea garantizar la seguridad ciudadana que se puede explicar en dos acciones generales: el combate de la delincuencia organizada y la criminalidad; y la disminución de la delincuencia común y la violencia urbana:

Para que ambas acciones puedan llevarse a cabo, el Sector Interior requiere de recursos económicos que puedan hacerlas efectivas. Para ello, analizaremos el presupuesto que ejecuta el pliego del Ministerio del Interior:

Se puede observar que en términos reales el Presupuesto del Sector Interior se ha incrementado a lo largo de los últimos años; sin embargo, como porcentaje del presupuesto total de la República, empezó a disminuir desde el año 2002 hasta el 2007, año con el porcentaje más bajo de la última década, esta disminución denota que, para los dos últimos gobiernos la seguridad no ha sido prioridad de la política pública a pesar que es un problema serio para el país.

Los datos encontrados son los que corresponden a la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Debemos señalar que para la administración del Estado peruano, los recursos para la partida de Seguridad Ciudadana se encuentran dentro del programa denominado Orden Interno.

De todos los programas que tiene el sector interior, el que nos interesa para el análisis es el programa “Orden interno”, que comprende el conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población dentro del territorio nacional. Este programa del año 1999 al 2001 mantuvo un crecimiento lento y sostenido, sin embargo, en el 2002 se redujo debido al recorte presupuestal se sufrió la función de defensa y seguridad nacional. A partir del año 2003 en adelante se puede apreciar la recuperación de recursos para este rubro, manteniendo un comportamiento de crecimiento acelerado hasta el 2007.

A continuación analizamos al detalle el programa “orden interno”, que integra los principales subprogramas y actividades de la labor policial:

Dentro del programa “orden interno” se encuentran todas las actividades relacionadas a la función del Estado: “Garantizar seguridad a sus ciudadanos, mediante el reestablecimiento del orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana”.

Se puede observar que el presupuesto de mayor importancia es el que se destina al subprograma “operaciones policiales” con más del 95% hasta el 2004 y a partir del año 2005 comenzó a representar más del 80% debido a la incorporación del subprograma “atención médica especializada”, con alrededor de 20% de participación.

Luego, sigue el subprograma “autoridad política”, que comprende las acciones para la ejecución de las tareas relativas al gobierno interior en coordinación con las autoridades políticas departamentales, provinciales, distritales, de pueblos y centros poblados. Se puede observar que en el año 2007 este subprograma disminuyó sus recursos considerablemente.

En tercer lugar, el subprograma “entrenamiento de los recursos humanos” que comprende las acciones necesarias para el perfeccionamiento técnico funcional y académico de los policías, ha sido el subprograma más golpeado puesto que del año 1999 al 2001 recibía 10 millones de dólares aproximadamente y a partir del 2002 los recursos se minimizaron hasta 3 millones de dólares perjudicando fundamentalmente la enseñanza de los policías. Aunque, en los últimos dos años, se ve que hay interés en recuperar este tema y destinar mayores recursos.

En cuarto lugar, se encuentra el subprograma “movimientos migratorios” que comprende las acciones para la administración, coordinación y control del movimiento migratorio de nacionales y extranjeros. Se puede observar que no recibe suficientes recursos, pero por lo menos éstos se han ido incrementando a lo largo del período debido, entre otras causas, por la intensificación de los movimientos migratorios que generan mayores gastos logísticos y administrativos.

En quinto lugar, se encuentra el subprograma “control de armas, municiones, explosivos de uso civil y servicios de seguridad” comprende las acciones desarrolladas para normar y controlar la fabricación, comercio, transporte, posesión y uso de armas, municiones y explosivos de acuerdo a la normativa existente que recibió de 1999-2001 alrededor de 1 millón de dólares, del 2002-2004 alrededor de 2 millones de dólares y a partir del 2005 más de 3 millones de dólares, incremento que se ha visto provocado por la sensación de inseguridad ciudadana como consecuencia de las acciones violentas de una delincuencia urbana que utiliza armas de fuego, lo que motiva a buena parte de la sociedad a armarse.